El Gobierno estima que unas cincuenta personas van a poder beneficiarse del plan para acreditar en público el veinte% de la adquisición de la residencia a jóvenes y familias con hijos que anunció este domingo el presidente, Pedro Sánchez. “Hemos hecho un cálculo aproximado”, ha explicado este lunes la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, al término de una asamblea que ha mantenido el Ejecutivo con representantes del ámbito de la residencia. “En un primer cálculo situamos hasta 50.000 personas beneficiadas”, ha abundado la ministra, quien sin embargo ha dicho que los acredites podrían llegar a más familias “si cumplen los requisitos”.
Las condiciones, conforme fuentes del Gobierno, aún se están terminando de concretar. Se van a conocer, como el importe total del aval, una vez que el Consejo de Ministros acuerde este martes la posibilidad de que Transportes y el ICO firmen un acuerdo para abrir la línea de acredites. “Los detalles de esta medida se expondrán mañana [por el martes]”, ha insistido la ministra Sánchez ya antes las reiteradas preguntas sobre los detalles del acuerdo.
En el anuncio que hizo el último día de la semana el presidente, a lo largo de un mitin en Santa Cruz de Tenerife, se apuntó a que la medida se dirigiría a compradores de residencia de hasta treinta y cinco años o que tuviesen menores al cargo. El requisito económico que se puso es que los perceptores del aval no superasen unos ingresos de treinta y siete y ochocientos euros anuales. Es decir, cuatro con cinco veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples), lo que de entrada se valoraría individualmente, para los casos en que la hipoteca la solicite una pareja. Y la parte con aval público llegaría “hasta el 20%”, que es la parte que por norma general no cubren las hipotecas, ya que los bancos tienen como límite general prestar solo hasta el ochenta% del valor de la residencia.
Pero va a haber más condiciones, que son las que se están finalizando y las que, conforme exactamente las mismas fuentes del Ejecutivo, podrían “adaptarse” por territorios. En específico, esto se haría con el importe máximo de la residencia, debido a las enormes diferencias que hay entre unas comunidades autónomas y otras, o aun entre urbes en una misma comunidad. Puesto que el aval público solo se va a poder solicitar para residencias hasta un determinado coste (en contraste a lo que pasa en ciertas comunidades del PP donde ya marchan medidas afines), el Gobierno ve lógico que ese encuentre sea flexible y se adapte a los costes de cada mercado inmobiliario.
Lo que no cambiará, de entrada, son los requisitos de ingresos y peculiaridades del hogar que deben tener los demandantes. Estos van a ser igual para toda España. Todo ello a cargo de acabar de concretar la medida en un Consejo de Ministros que se prevé tenso, tras las duras críticas de Unidas Podemos a estas ayudas. Críticas a las que la ministra de Transportes ha querido quitar relevancia, asegurando que “es una buena medida que no se puede leer ni entender aisladamente del resto”.
El Partido Socialista Obrero Español plantea una medida para financiar la entrada de la hipoteca que ya hicieron Botín y el PP, y que fracasó en Reino Unido. En cuanto no depende de Podemos, las propuestas del Partido Socialista Obrero Español en residencia son contrarias al interés general. Hay que hacer cumplir toda la ley de residencia.
— Ione Belarra (@ionebelarra) May ocho, 2023
Su comparecencia ha servido para comprobar 5 ejes en políticas de residencia, que son los que el Gobierno ha presentado en su asamblea con la patronal de los constructores, sindicatos, institutos profesionales, representantes del tercer ámbito y ciertas empresas públicas. A exactamente la misma han asistido, aparte de la ministra de Transportes, el presidente del Gobierno, la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Defensa, Margarita Robles.
El Ejecutivo ha protegido el incremento presupuestario que ha hecho en esta legislatura en políticas de residencia (una gran parte con financiación de los fondos europeos), la futura ley de residencia que está cerca de finalizar su tramitación parlamentaria, el promuevo de la rehabilitación de residencia y la apuesta por ampliar significativamente el parque de alquiler social y accesible. Todo esto, aparte de la línea de acredites públicos para adquirir casa, que se ha transformado por el momento en el último anuncio de relumbrón en materia de residencia a lo largo de la precampaña de las elecciones locales y autonómicas del veintiocho de mayo.
Raquel Sánchez ha asegurado que todas y cada una estas propuestas han tenido una “acogida excelente” por la parte de los representantes del ámbito de la residencia que han asistido. Y ha protegido la “interlocución constante” del Gobierno a lo largo de la preparación de la ley de residencia, ante el interrogante de por qué no había en el encuentro representantes de los grandes dueños de residencia de alquiler ni de los sindicatos de inquilinos.
