El Gobierno español ha enviado al Consejo de Estado el texto final del real decreto que regula el sector de los centros de datos, un paso crucial en la transformación del panorama energético y digital del país. Esta normativa busca equilibrar las necesidades de sostenibilidad con un sector que proyecta importantes inversiones, pero que también es intensivo en consumo energético.
Tras evaluar más de 600 alegaciones y recibir el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el Ejecutivo ha ajustado algunos requisitos originales. Aunque se relajan ciertas exigencias en materia de energías renovables, se establece la obligación de desconectar las instalaciones cuando así lo decida Red Eléctrica, sin derecho a indemnización.
Una de las principales modificaciones es la creación de un régimen transitorio que permitirá a los centros de datos reducir su obligación de consumir un 60% de energía renovable en horas punta hasta finales de 2028, aumentando posteriormente al 70%. Esta flexibilidad responde a las críticas del sector, que consideraban inviable cumplir con un respaldo del 80% en el consumo energético anual por parte de fuentes renovables.
Condiciones de Desconexión y Rigor Normativo
El real decreto introduce un marco donde los centros de datos podrán optar por participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). Si lo hacen, estarán obligados a aceptar desconexiones de la red sin recibir compensación económica ante situaciones de emergencia en el sistema energético.
No obstante, el texto mantiene intacto el requerimiento de que al menos un 80% del consumo anual debe proceder de fuentes renovables, que estos centros deben garantizar a través de instalaciones propias o contratos de compraventa de electricidad a largo plazo (PPA).
Aumento del Umbral de Potencia y Requisitos de Eficiencia
Un cambio significativo en el decreto es el aumento del umbral de potencia de acceso a la red, que pasa de 1 MW a 10 MW. Como resultado, los centros de menor tamaño quedan exentos de las obligaciones más estrictas, aunque los que alcanzan los 500 kW deben seguir informando sobre su consumo y sostenibilidad. Para los que superan 1 MW, hay una supervisión adicional sobre el cumplimiento de estándares de eficiencia energética.
El índice de eficiencia energética, que en versiones anteriores del decreto se fijaba en 1,15, ahora se eleva temporalmente a 1,25. Este cambio busca facilitar la adaptación de las instalaciones a los requisitos de sostenibilidad sin comprometer su viabilidad económica.
Reglamento Sancionador y Proyectos Estratégicos
El régimen sancionador se mantiene rígido, con penalizaciones que pueden alcanzar el 500% si la generación de energía renovable adicional no cumple el 20% del consumo anual. También se aplicarán sanciones por incumplimientos en la correlación horaria del consumo energético.
El decreto incluye un apartado especial para infraestructuras estratégicas vinculadas a iniciativas comunitarias de soberanía digital, como las gigafactorías de inteligencia artificial. Estas instalaciones podrán acogerse a límites transitorios específicos, facilitando su desarrollo en un contexto competitivo a nivel europeo.
Finalmente, el Gobierno permitirá que los proyectos que aún están en trámite puedan adaptarse a las nuevas exigencias sin sufrir penalizaciones por ello, liberando la capacidad de la red y eliminando potenciales barreras para inversiones futuras. La supervisión constante de la legislación, a través de informes semestrales de la CNMC, garantizará que los objetivos de sostenibilidad y eficiencia se cumplan adecuadamente.