El reciente envío de una nueva versión del borrador de decreto para la regulación de centros de datos al Consejo de Estado por parte del Gobierno ha generado descontento en el sector. A pesar de que se esperaban cambios significativos, la propuesta mantiene varios de los requisitos más criticados, poniendo en riesgo futuras inversiones en este ámbito en España.
Según datos de Spain DC, la patronal de empresas promotoras de centros de datos, se contemplaban inversiones de hasta 67.000 millones de euros entre 2026 y 2030. Sin embargo, la implementación del nuevo decreto podría afectar hasta el 90% de estas inversiones, forzando su reubicación a países como Portugal o Francia.
Aunque los agentes del sector aún no han tenido tiempo para evaluar a fondo las modificaciones, los primeros análisis sugieren que los requisitos impuestos continúan siendo difíciles y costosos de cumplir. Uno de los puntos más controversiales es la exigencia de alimentar los centros de datos con un 80% de energía renovable, acreditando el consumo hora a hora, lo que resulta complicado debido a la falta de energía solar durante la noche.
Correlación Horaria y Costos
La necesidad de sobredimensionar la infraestructura eléctrica para cubrir el suministro de energía renovable en todo momento incrementa drásticamente los costos operativos de estos proyectos, complicando así su viabilidad. La nueva versión del decreto prevé un periodo transitorio que podría permitir una reducción inicial del requisito del 80% al 60% hasta finales de 2028, aumentando gradualmente a 70% en 2029, 2030 y 2031. Sin embargo, el mantenimiento de la exigencia de correlación hora a hora sigue siendo un obstáculo significativo para los promotores.
Desconexiones Programadas
Además, para beneficiarse de esta suavización, los centros de datos tendrán que participar en un Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), lo que implicaría desconexiones automáticas en caso de sobrecarga del sistema eléctrico. Esto podría requerir que los centros utilicen generadores diésel, lo que genera preocupaciones ambientales y acústicas, especialmente en áreas urbanas.
Urgencia en la Aprobación
La decisión de proceder con este decreto refleja la intención del Gobierno de cumplir su promesa de aprobarlo antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un movimiento que ha suscitado críticas por la falta de urgencia en la regulación del desarrollo de centros de datos en España.
Entre los ajustes favorables que se han realizado, el decreto ahora se aplica a centros de datos con un consumo superior a 10 MW, eximiendo a los más pequeños que suelen servir a pymes. Asimismo, se amplía el periodo de antigüedad de las plantas de energías renovables que alimentan estos centros, pasando de 18 a 36 meses, lo que podría permitir una mejor integración de generación energética existente.