La recta final del plan de recuperación en España se encuentra más clara que nunca. La Comisión Europea ha autorizado recientemente la última revisión enviada por el Gobierno, facilitando así la llegada de unos 25.000 millones de euros en subvenciones. De acuerdo con Carlos Cuerpo, ministro de Economía, se han eliminado 17 reformas del programa anterior que requerían cambios legales respaldados por el Parlamento español. Esto pone a disposición del país 22.800 millones en créditos, ya que se ha renunciado al 75% de los préstamos inicialmente asignados.
Avances en el Proceso de Aprobación
Este séptimo examen del plan de recuperación aún debe ser validado por el Consejo de la UE, aunque generalmente este trámite avanza sin contratiempos. La negociación fue compleja, con tensiones entre el Gobierno español y la Comisión Europea, culminando en una reducción de la carga de reformas necesarias para facilitar la llegada de casi 50.000 millones en ayudas. Si se concretan los fondos, España podría recibir más de 102.000 millones de euros.
Contexto Político y Económico
La elaboración de estas reformas ha estado influenciada por la fragilidad parlamentaria del Ejecutivo. Además, Bruselas tiene la necesidad de presentar el programa de inversión más ambicioso en la historia de la UE, el Fondo de Recuperación y Resiliencia, como un éxito. Este esfuerzo requiere que tanto España como Italia, que juntas representan más de la mitad de los 637.000 millones asignados, logren resultados positivos.
Desde 2020, la economía española ha mostrado signos de mejora notable. La rentabilidad que los inversores exigen ahora es comparable a la de la Comisión Europea, lo que ha llevado al Gobierno a reconsiderar la toma de préstamos de la UE. Aceptarlos podría aumentar la deuda pública del país en aproximadamente un 4% del PIB.
Desafíos con los Créditos y Ejecución de Fondos
Reducir los pedidos de créditos a 2026 se debe también a un aspecto crítico: el dinero debe ser gastado antes de final de año, lo que podría resultar un desafío monumental para las administraciones que, según Bruselas, no se destacan por su eficiencia en la ejecución de fondos. El ministro Cuerpo ha admitido la dificultad inherente a esta tarea, además de mencionar que estos 60.000 millones aumentarían significativamente la deuda del país.
Recientemente, Cuerpo detalló que se han revisado un total de 160 medidas, descartando 17 reformas legales que ya no son necesarias. Entre las normas que se habían planteado para liberar fondos están la ley de regulación de los lobbies y la de movilidad sostenible. Sin embargo, algunas de estas reformas, aunque eliminadas de la lista, seguirán en la agenda legislativa del Gobierno.
Cuerpo enfatizó que la velocidad de ejecución de los fondos ha aumentado en los últimos meses, con un incremento de 4.200 millones en las convocatorias resueltas en dos meses. La meta, según el ministro, es lograr ejecutar la totalidad de los 80.000 millones asignados en transferencias.
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