La Comisión Europea ha intensificado sus acciones contra las gigantes tecnológicas de Estados Unidos, acusándolas de prácticas anticompetitivas y abuso de poder. Este martes, el organismo reveló su inquietud en torno a Google, una de las subsidiarias de Alphabet, que supuestamente utiliza contenido de medios de comunicación sin autorización para alimentar su herramienta de inteligencia artificial.
Un patrón preocupante
Este no es un caso aislado. Google ya ha sido multado en varias ocasiones; la más reciente fue en septiembre, cuando recibió una sanción astronómica de 2.950 millones de euros por prácticas monopolísticas en el ámbito de la publicidad digital. Sin embargo, no es solo Google la que está bajo la lupa de Bruselas. La falta de regulaciones adecuadas sobre el poder de estas «big tech» afecta a instituciones y ciudadanos, algo que la Comisión Europea está determinada a revertir.
Resistencia ante presiones externas
En este escenario de creciente tensión, los líderes europeos deben mantenerse firmes y no dejarse influir por las críticas —y a menudo imprudentes— de funcionarios de la administración Trump. Por ejemplo, el secretario de Estado, Marco Rubio, calificó la reciente multa de 120 millones de euros impuesta a la antigua Twitter por falta de transparencia como un ataque no solo a esa plataforma, sino a todas las tecnológicas estadounidenses y, por extensión, al pueblo norteamericano. Sin embargo, la verdadera prueba de la efectividad de la estrategia europea está en los resultados.
Ciertamente, esta semana Meta, el propietario de Facebook e Instagram, accedió a permitir a los usuarios europeos limitar la publicidad personalizada en sus cuentas, tras haber sido sancionada con 200 millones de euros. Este cambio puede interpretarse como un signo del impacto que están teniendo las regulaciones europeas.
Prioridades en la esfera digital
Proteger la soberanía digital debe ser una prioridad para la Unión Europea. La dilatada conversación entre regulación y desregulación que intenta imponer Donald Trump no debería minar la determinación de los europeos de establecer normas digitales justas, reflejadas en la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esta normativa busca garantizar un entorno equitativo y transparente para el ecosistema digital en Europa. Mantener esta firmeza será vital para enfrentar cualquier desafío que surja en el camino.
