El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones estudia endurecer el sistema por el que entrega las golden visa, como se conocen popularmente los visados dorados, que conceden permisos de vivienda a cambio de notables inversiones económicas. El objetivo es elevar el listón del sistema por el que se conceden los permisos de vivienda a extranjeros que inviertan más de quinientos euros en una residencia en España. Así lo aseguran fuentes del ministerio que dirige José Luis Escrivá, y confirman fuentes de Más País, el partido que lidera Íñigo Errejón, que negocia esa medida con Seguridad Social e Inclusión.
Las golden visa son un instrumento que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) en dos mil trece por medio de la ley de emprendedores, en un instante en que el ámbito inmobiliario languidecía por el pinchazo de la burbuja del ladrillo, y la inversión extranjera escapaba en desbandada por la crisis de la deuda soberana que precipitó el rescate bancario de España ya hace más de diez años. La Comisión Europea solicitó a los asociados de la UE que dejasen de concederlos hace unos meses. Irlanda y Portugal han tomado medidas restrictivas últimamente.
En España, la regla deja conseguir un permiso de vivienda por un periodo de 3 años, extensible por otros dos, al extranjero que haga una inversión inmobiliaria de cuando menos quinientos euros en España sin contar las cargas o hipotecas. El mecanismo asimismo se aplica para inversiones de más de un millón de euros en depósitos o en acciones de sociedades de capital de España, o de más de un par de millones en bonos del Estado. Este permiso de vivienda está a predisposición de los profesionales enormemente cualificados y se prevé, a su vez, para casos de reagrupación familiar.
El uso del supuesto de inversión residencial concentra más del noventa y cuatro% de las autorizaciones concedidas a fortunas extranjeras. En los últimos años, esta vía se ha acelerado frente al resto de opciones de inversiones financieras o societarias, que se han quedado prácticamente sin uso.
España concedió dos mil cuatrocientos sesenta y dos permisos de vivienda en dos mil veintidos a inversores que adquirieron inmuebles por más de quinientos mil, lo que supuso un incremento de prácticamente el sesenta% sobre el año precedente. Los inversores que emplearon otras vías, como la adquisición de deuda pública, la inversión en empresas o los depósitos de más de un millón de euros, apenas sumaron unas decenas y decenas de permisos. El año pasado, solo 6 extranjeros consiguieron autorizaciones de vivienda por invertir en deuda pública de España.
Desde que las golden visa están en vigor, se han concedido once y cuatrocientos sesenta y cuatro autorizaciones individuales. A estas habría que sumarles otras diecinueve y ochocientos cinco autorizaciones por reunificación familiar. En total, se han concedido permisos de vivienda a treinta y uno personas, el noventa y cuatro% de los casos con la adquisición de residencia como origen.
Fuentes al tanto de los análisis de Seguridad Social estiman que el límite de quinientos euros en una inversión inmobiliaria para conseguir el permiso de vivienda ahora es deficiente, sobre todo en las grandes capitales, donde una residencia de ese importe ya no puede ser considerada como de mucho lujo. Por ese motivo, piensan que este mecanismo de inversión residencial ha quedado obsoleto.
Junto a las negociaciones que sostiene con Más País, Seguridad Social hace conversaciones con el ministerio de Asuntos Económicos y el de Transportes para acotar el nuevo esquema para estos visados. Un portavoz del ministerio de Economía acepta que están prestos a abordar el tema, mas insiste en que el tema aún está verde.
Presión sobre la vivienda
Fuentes conocedoras de las negociaciones explican que este instrumento que estimula la adquisición de residencia a cargo de fortunas extranjeras estaría incrementando la presión sobre el mercado inmobiliario, especialmente si se tiene presente la situación actual de tensión, caracterizada por la escasez de residencia de obra nueva en las grandes capitales y las tensiones en el mercado del alquiler.
El Gobierno aún no ha decidido qué vía usará para limitar las golden visa para inversión residencial. Baraja dos opciones: por una parte, aproximar la inversión en residencias a los límites de otras inversiones financieras, de cuando menos un millón de euros. Y, por otro, eliminar los permisos de vivienda a cambio de inversión en casas. El Ejecutivo pretende redirigir estas inversiones inmobiliarias a otras que sean más productivas, como la toma de participaciones societarias, entre otras muchas.
Argumenta que la posibilidad de conseguir la autorización de vivienda como inversor inmobiliario con un monto más bajo de inversión que en el resto de figuras (adquiere de deuda pública, depósito de más de un millón…) desincentiva otras inversiones más productivas, como las relacionadas con proyectos empresariales o participaciones sociales.
La medida, que aún está en estudio, no es nueva. El conjunto parlamentario Más País presentó en el mes de febrero una proposición de ley para suprimir los visados de oro. Íñigo Errejón, portavoz de esta capacitación, justificó la iniciativa por el hecho de que estima que estas credenciales promueven la especulación del mercado inmobiliario. Errejón mantiene que estos permisos no favorecen a la economía nacional y expulsan a la población local, produciendo un efecto muy negativo sobre el mercado. Más País asegura que esta situación “está disparando los precios y expulsando a los residentes de sus barrios”.
La iniciativa no tuvo suficientes apoyos, mas la capacitación política volvió a la carga y presentó una enmienda a la ley de residencia. La iniciativa tampoco salió adelante por una cuestión parlamentaria, la ley de residencia ya estaba cerrada y los responsables prefirieron no abrir una negociación que había sido muy difícil, conforme mantiene Más País y corroboran en el Ministerio de Transportes, que asimismo están al tanto de las negociaciones. “Está todo abierto y vamos a explorar vías legales para ello”, afirman fuentes de Más País, que remarcan que la relación con Escrivá es directa y fluida.
En retroceso en otros países
En los últimos meses, Portugal, Irlanda, Grecia o Malta han eliminado o embrutecido la vía para otorgar permisos de vivienda o golden visa a millonarios extranjeros que efectúen una inversión inmobiliaria.
En dos mil veintidos, la Comisión Europea solicitó a los Estados miembros que dejasen de vender la ciudadanía a los inversores con más recursos. Reclamó a los países que comprobaran si las personas sancionadas a raíz de la guerra tenían un pasaporte dorado. El Parlamento Europeo ha expresado en repetidas ocasiones su enorme preocupación ante la carencia de mecanismos convenientes de control para otorgar estos visados de vivienda para inversores, dejando la entrada de personas y sus familiares con capitales de incierta procedencia y sin realizar una investigación estricta sobre el origen de los fondos, explicaban en un artículo en EL PAÍS Manuel Villoria Mendieta y David Martínez, los dos directivos de Transparencia Internacional. “Los riesgos de blanqueo y de permitir la entrada en España a delincuentes son enormemente altos”, advertían.
Lo es cierto que desde el estallido de la invasión de Ucrania por la parte de Rusia se están extremando estos permisos de vivienda. El Colegio de Registradores calcula que cerca de mil ciudadanos rusos han conseguido el permiso de vivienda en España por adquiere de inmuebles.
Portugal es uno de los países que han actuado más veloz y de forma más concluyentes. En abril acabó con los visados de oro. Su sistema fue creado en dos mil doce en un esquema afín al que entonces adoptaría España.
