El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha presentado a consulta pública el borrador del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas. Este es un paso importante para reforzar las infraestructuras digitales en España, asegurando su fortaleza ante cualquier incidente inesperado.
Blindaje de Infraestructuras Digitales
Una de las medidas más relevantes del borrador exige a los operadores garantizar la continuidad del servicio durante fallos de energía o catástrofes naturales. Las instalaciones consideradas críticas deberán mantener su operatividad hasta 24 horas. Por otro lado, aquellas de nivel intermedio deberán funcionar durante al menos 12 horas, mientras que el resto de las instalaciones tendrán que asegurar el servicio durante un mínimo de cuatro horas. En particular, las redes móviles deben garantizar que su autonomía de cuatro horas llegue a cubrir al 85% de la población, lo que permite a los operadores establecer estrategias de priorización tecnológica.
Esta normativa surge como respuesta a varios incidentes recientes que han puesto en riesgo las comunicaciones en el país, como el apagón de abril, las inundaciones por DANA y la crisis generada por la pandemia de Covid-19. El objetivo del Gobierno es doble: fortalecer la seguridad en el sector y minimizar el impacto de los incidentes en los usuarios, asegurando la rápida recuperación de las comunicaciones.
Nuevas Obligaciones y Colaboraciones
El real decreto reconoce la crucial importancia de las telecomunicaciones en situaciones de emergencia, lo que implica que las autoridades y las Fuerzas de Seguridad del Estado colaboren en su mantenimiento. Las obligaciones recaerán sobre los operadores de telecomunicaciones y los gestores de infraestructuras digitales esenciales, quienes deberán elaborar un Plan General de Seguridad detallado. Este incluirá análisis exhaustivos sobre la autonomía eléctrica de cada tipo de red y servicio.
Además, se hace hincapié en la necesidad de reforzar la operatividad de los centros de emergencia, como el 112, y de los sistemas de alertas públicas. Para mejorar la gestión de crisis, se establecen plazos estrictos para la notificación de incidentes, exigiendo un aviso a las autoridades competentes en un máximo de una hora desde que se inicia un problema.
Inversión y Costes Asociados
La implementación de estas medidas se prevé costosa, con un total estimado de 73 millones de euros para todos los operadores involucrados. La supervisión de esta labor estará a cargo de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que también liderará una nueva Mesa de Coordinación de Seguridad y Resiliencia.
El análisis indica que el coste por emplazamiento es de aproximadamente 7,000 euros, permitiendo al Gobierno afirmar que el gasto de entre 51 y 73 millones de euros es «proporcional y equilibrado». Sin embargo, las empresas operadoras tienen una visión diferente. Consideran que el verdadero coste superará los cientos de millones de euros, dado que garantizar la operatividad de la telefonía móvil durante apagones implica inversiones significativas en baterías eléctricas y generadores, equipo que resulta más complicado y costoso implementar en entornos urbanos.
Desafíos en Entornos Urbanos
La situación en las ciudades añade complicaciones, ya que obtener permisos de las comunidades de propietarios puede ser un proceso desafiante. Muchas azoteas no están diseñadas para soportar el peso adicional de estos equipos, lo cual requiere costosas adaptaciones. Esto hace que la inversión necesaria para mejorar la resiliencia de la red a nivel nacional pueda alcanzar cifras elevadas.
Tanto los operadores de telecomunicaciones como las empresas propietarias de torres, como Cellnex o Vantage Towers, enfrentan el dilema de asumir estos gastos. Solo lo harán si los operadores garantizan una rentabilidad contractual, lo que, a su vez, incrementa los costos para las telecos. En un momento donde ya enfrentan restricciones económicas, esta nueva carga podría desviar recursos de otras áreas críticas, como la ampliación de la capacidad de la red.
Protocolo de Notificación de Incidentes
Para asegurar una respuesta adecuada ante incidentes, las nuevas regulaciones establecen protocolos claros de notificación. Se prevé que los operadores envíen un aviso inicial en un plazo máximo de una hora desde el inicio del incidente, seguido de notificaciones periódicas y un informe detallado posterior que analice las causas, el impacto y las soluciones aplicadas. Asimismo, se establecerán criterios para clasificar los incidentes según su gravedad en función de factores como el número de usuarios afectados y la duración del problema.
Con esta nueva normativa, el Gobierno busca no solo proteger las comunicaciones en el país, sino también fomentar un ambiente más resiliente y preparado para enfrentar cualquier eventualidad en el futuro.
