El Ministerio de Consumo ha puesto en marcha una ambiciosa campaña para investigar las “rebajas engañosas” que podrían surgir durante el próximo Black Friday, programado para el 28 de noviembre. Bajo la dirección de Pablo Bustinduy, este esfuerzo implica una exhaustiva monitorización de precios con el objetivo de detectar prácticas fraudulentas, como incrementar los precios antes del evento para ofrecer luego descuentos ilusorios. Bustinduy advirtió que las sanciones pueden variar entre cuatro y seis veces el beneficio obtenido de estas artimañas, subrayando que aquellas empresas que intenten engañar a los consumidores enfrentarán serias consecuencias.
Vigilancia Especial en el Comercio Electrónico
La atención de esta campaña se centrará en el comercio electrónico, con un enfoque particular en artículos como moda, juguetes, tecnología y pequeños electrodomésticos. Desde el Ministerio de Consumo, se ha ampliado el listado de prácticas desleales que serán objeto de sanción. Entre ellas se incluye el «precio por goteo», donde una parte del precio total se oculta al inicio de la compra, y el uso indebido de datos personales para personalizar precios.
Contra las Compras Impulsivas
Además, el ministerio busca frenar las compras impulsivas típicas del Black Friday, limitando técnicas de venta agresivas. Se vigilarán estrategias como las cuentas atrás engañosas y mensajes falsos que crean una falsa urgencia de compra. También estarán bajo la lupa las campañas que comparan precios de forma engañosa, causando que los ahorros representados sean mayores de lo que realmente son. Todas estas maniobras infringen el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista.
En campañas anteriores, el seguimiento ha dado como resultado multas que suman un total de 350,000 euros, validadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Bustinduy reafirmó que “ninguna empresa está por encima de la ley” y que los derechos de los consumidores deben ser siempre respetados.
Comentarios sobre Regulaciones de Transporte
En la misma rueda de prensa, Bustinduy se refirió a una reciente enmienda del PP en la Ley de Movilidad Sostenible que permitirá a los viajeros reclamar indemnizaciones del 50% y 100% del precio del billete por retrasos de 15 y 30 minutos, respectivamente. El ministro expresó su sorpresa al observar que operadores privados, que operan en España con una considerable inversión estatal, disfrutan de condiciones de explotación menos rigurosas que las del operador público.
Por último, respecto al expediente que Bruselas ha abierto contra España por sancionar a aerolíneas que cobran por el equipaje de mano, Bustinduy se mantuvo firme en su postura. Se mostró sorprendido de que la Comisión Europea defendiera a las grandes aerolíneas en lugar de a los consumidores.
