La regulación en el sector de la energía eólica marina en Estados Unidos se enfrenta a un nuevo desafío al reavivarse la batalla legal en torno a varios proyectos de gran escala. La administración del expresidente Donald Trump ha decidido intensificar su ofensiva jurídica al intentar reabrir la autorización del parque eólico Revolution Wind, propiedad de la compañía danesa Orsted, que ya está en operación y suministrando electricidad.
Este movimiento no solo impacta a Orsted, sino que también genera incertidumbre para Iberdrola, uno de los actores clave en el sector, a través de su filial Avangrid. Iberdrola se encuentra involucrada en Vineyard Wind, un proyecto de 806 megavatios (MW) con una inversión de 3.000 millones de dólares en la costa de Massachusetts. Aunque el parque ya está funcionando y abasteciendo a más de 400.000 hogares y empresas en Nueva Inglaterra, sigue enfrentando varios frentes judiciales con la Administración estadounidense.
El último desarrollo se originó el 9 de octubre, cuando el Departamento de Justicia solicitó que se revisara el permiso federal otorgado en 2023 para Revolution Wind. Esta revisión busca evaluar la conformidad del permiso con la Ley de Tierras de la Plataforma Continental Exterior, que exige considerar diversos usos del mar y sus impactos. Esta petición se enmarca en un litigio iniciado por la organización ecologista Green Oceans, que cuestiona la validez de las autorizaciones federales del proyecto.
Desafíos legales en el horizonte de Iberdrola
La situación judicial afecta directamente a Iberdrola y su proyecto Vineyard Wind 1. Aunque un juez federal logró suspender la orden de paralización impuesta en diciembre de 2025, permitiendo que las operaciones continuaran, el proceso no ha llegado a su fin. La Administración Trump sostiene que la suspensión era temporal y que la evaluación de seguridad nacional está en curso, mientras que Iberdrola busca una declaración judicial que limite la capacidad del gobierno de detener el proyecto nuevamente.
El 1 de septiembre, el juez encargado del caso acordó mantener la suspensión del procedimiento hasta el 30 de noviembre, fecha en la que se presentará un nuevo informe de situación. Sin embargo, el litigio no se limita a este aspecto; también se está llevando a cabo otro procedimiento ante el tribunal federal de Columbia, donde varias organizaciones han impugnado directamente la autorización de construcción y operación de Vineyard Wind.
La incertidumbre se acentúa aún más con la reciente disputa entre Vineyard Wind y GE Vernova, el fabricante de turbinas eólicas. GE había anunciado su intención de rescindir un contrato por importe de 360 millones de dólares debido a reclamaciones de pagos. Esta situación se agravó tras un incidente en 2024 que provocó retrasos y daños. Sin embargo, tras negociaciones, ambas partes llegaron a un acuerdo amistoso en septiembre de 2026, lo que resolvió el conflicto comercial pero dejó en el aire la evolución de los litigios federales que continuarán afectando el futuro regulatorio del proyecto.
Estos desarrollos subrayan la complicada relación entre la administración estadounidense y los proyectos de energía renovable. La creciente presión regulatoria y la multiplicidad de cuestiones legales pueden influir significativamente en la viabilidad y el crecimiento del sector de la energía eólica marina en el país. Las empresas involucradas deben estar preparadas para navegar en un entorno volátil y con continuas transformaciones en la política energética.