El grupo Urbas, actualmente en concurso de acreedores, está enfrentando una situación financiera crítica marcada por numerosos litigios. Hasta la fecha, la empresa se encuentra inmersa en cerca de 70 procedimientos civiles como demandada, los cuales suman más de 265 millones de euros en reclamaciones. Asimismo, se enfrenta a cinco procedimientos penales como querellado, lo que agudiza aún más su compleja situación legal.
Un informe elaborado por la administración concursal y presentado ante el Juzgado Mercantil número dos de Madrid revela que las demandas provienen tanto de proveedores que reclaman cantidades menores, como de entidades financieras y aseguradoras que exigen sumas millonarias. De entre todas las reclamaciones, destaca la presentada por el fondo RS Lender, que solicita 189 millones de euros en los tribunales del Reino Unido.
La relación de Urbas con RS Lender comenzó en 2020 cuando buscó financiación para realizar adquisiciones importantes en el sector inmobiliario español. Sin embargo, tras no poder cumplir con sus obligaciones de pago a finales de 2024, el fondo activó las garantías, empujando a la compañía hacia el concurso. Desde entonces, la disputa entre ambas partes se ha extendido a los tribunales de España y Luxemburgo.
El fondo RS Lender ha llegado a presentar querella por prevaricación contra el juez Peinado.
Además del fondo, otros acreedores significativos incluyen al banco marroquí Attijariwafa Bank, que reclama 24,8 millones de euros; la aseguradora Asefa, con una reclamación de 11,3 millones; y la consultora McKinsey, que exige 7,5 millones. En total, Urbas mantiene deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social por un importe cercano a dos millones de euros, así como una deuda adicional de más de seis millones ante la Sareb.
La situación se complica aún más con los procedimientos penales que enfrenta en distintas jurisdicciones, así como una querella presentada por la propia Urbas contra RS Lender por un presunto delito de estafa procesal. Este último caso ha sido especialmente controvertido, ya que el juez Juan Carlos Peinado admitió la querella, desafiando la competencia del Juzgado Mercantil.
Un panorama desolador para el grupo
La cotización de Urbas está suspendida desde hace más de un año y la empresa no ha presentado informes financieros actualizados. Según el informe de la administración concursal, Urbas ya presentaba signos de insolvencia desde 2021, contabilizando al cierre de ese ejercicio un volumen de obligaciones vencidas que se acercaba a los 56 millones de euros.
Asefa, Sareb, CaixaBank, Abanca o BBVA son algunos de los acreedores que se han opuesto a su propuesta de convenio.
Las irregularidades en la ampliación de capital de 2021, que en teoría estaban destinadas a compensar créditos, también han suscitado inquietud. Se menciona que acciones que deberían haber sido suscritas por acreedores fueron asignadas a una sociedad vinculada a Urbas, lo que podría poner en riesgo el futuro de la compañía.
A pesar de esta adversidad, Urbas está intentando avanzar con una propuesta de convenio que, según ellos, cuenta con el apoyo necesario para salir del concurso. Sin embargo, dependiendo de la interpretación de la administración concursal, algunas de las entidades que supuestamente apoyan el convenio podrían estar vínculadas a la empresa, lo que complicaría aún más su situación y podría llevar a la liquidación.
La oposición de acreedores clave, como la Sareb, BBVA y Asefa, a la propuesta de convenio agrava la ya delicada posición de Urbas. La falta de consenso entre las partes involucradas subraya la fragilidad del grupo, que se enfrenta a un futuro incierto mientras busca resolver su crisis financiera y legal.