El Gobierno ha avanzado decisivamente en su propósito de regular las grandes infraestructuras digitales con la reciente aprobación del dictamen por parte del Consejo de Estado, lo que le permite proceder con la elaboración del Real Decreto sobre centros de datos. Este paso es crucial, ya que busca llevar a cabo esta iniciativa antes de las elecciones generales programadas para el 29 de noviembre de 2026.
El dictamen, recibido por el Ejecutivo, desestima las preocupaciones planteadas por múltiples autonomías y entidades del sector privado, que advertían sobre una posible invasión de competencias y cuestionaban la urgencia del procedimiento. El Consejo de Estado, órgano consultivo de alta relevancia, ha respaldado los objetivos de la norma, que incluyen la soberanía digital y la eficiencia energética, subrayando la importancia de evitar impactos negativos en el sistema eléctrico y asegurar un mayor uso de energías renovables.
A lo largo de las deliberaciones, que culminaron en una votación unánime el 6 de noviembre, se vivió un intenso debate que, aunque resultó en consenso, llevó a extender la revisión del dictamen más allá de lo estimado inicialmente. Las alegaciones presentadas durante el proceso correspondieron a una variedad de actores, incluyendo grandes eléctricas del país, empresas tecnológicas globales, y grupos de construcción e inmobiliarios, reflejando el amplio interés y la preocupación del sector por la nueva normativa.
Modificaciones Clave
A pesar de la luz verde otorgada por el Consejo de Estado, el Gobierno no cuenta con un respaldo sin condiciones. Se han solicitado cuatro modificaciones esenciales al contenido del decreto. Estas mejoras son fundamentales para blindar al Ejecutivo ante posibles impugnaciones en el Tribunal Supremo, asegurando que la norma siga un camino legal sólido que minimice las posibilidades de suspensión cautelar.
Los equipos técnicos y jurídicos del Ministerio para la Transición Ecológica están trabajando intensamente para implementar estas revisiones con el objetivo de concluir el articulado en los próximos días. Este enfoque proactivo busca no solo cumplir con las exigencias del Consejo de Estado, sino también establecer un marco jurídico robusto que respalde la regulación de las infraestructuras digitales en un contexto de creciente digitalización y necesidad de sostenibilidad.