La reciente ofensiva judicial liderada por Donald Trump ha puesto en la mira a la energía eólica marina en Estados Unidos, tomando como blanco proyectos significativos, como el desarrollado por Iberdrola a través de su filial Avangrid. La polémica surge en torno a la autorización del proyecto New England Wind, que busca establecer un parque eólico con una capacidad inicial de 791 megavatios (MW) y una inversión de más de 3.000 millones de dólares.
El Departamento de Justicia estadounidense solicitó el 20 de octubre la reapertura de la autorización otorgada en julio de 2024 por el Gobierno de Joe Biden, argumentando que no se justificaron adecuadamente los impactos ambientales negativos relacionados con el proyecto. Esta acción coincide con una demanda de la organización ecologista Ack for Whales, que busca impugnar los permisos relacionados con la instalación, enfatizando el riesgo potencial que representa para las ballenas y el ecosistema marino.
Según fuentes del Departamento del Interior, la autorización anterior fue concedida a pesar de los posibles efectos adversos señalados en informes previos, poniendo en tela de juicio la compatibilidad de los impactos ambientales con las exigencias de la legislación federal. Este enfoque judicial marca una sorprendente coalición entre Trump y activistas ambientales que, a primera vista, serían considerados adversarios naturales.
Controversia y riesgo para la inversión
El futuro del proyecto New England Wind se encuentra en una fase de incertidumbre. El desarrollo no ha comenzado, con una hoja de ruta que se extiende entre 2032 y 2035, y la revisión de permisos podría complicar aún más un proceso ya de por sí prolongado. Dicha situación se añade a la creciente presión que enfrenta la industria eólica marina desde el retorno de Trump al escenario político.
La ofensiva no se limita a Iberdrola. Poco antes de la solicitud relacionada con New England Wind, el Gobierno también pidió revisar la autorización del parque Revolution Wind, de 704 MW, desarrollado por Orsted y Skyborn Renewables. Este proyecto ha avanzado más, con la instalación de aerogeneradores y el inicio de la producción eléctrica en marzo, aunque la revisión no conllevaría la anulación inmediata del permiso.
Vineyard Wind enfrenta nuevos retos
Uno de los proyectos más significativos en la cartera de Iberdrola es Vineyard Wind 1, una instalación de 806 MW desarrollada en colaboración con Copenhagen Infrastructure Partners (CIP). Este parque eólico ya está en funcionamiento, proporcionando electricidad a más de 400.000 hogares en Nueva Inglaterra. Sin embargo, se ha visto afectado por las decisiones de la Administración Trump, que en diciembre de 2025 ordenó la suspensión de varios proyectos eólicos, incluidos Vineyard Wind, argumentando riesgos para la seguridad nacional.
Tras esta decisión, los promotores llevaron el caso a los tribunales, logrando que un juez federal suspendiera la orden de paralización, permitiendo así la continuación de las operaciones. Aunque el proyecto ya está activo, la discusión legal continúa, con un litigio en marcha en Massachusetts que busca limitar futuras intervenciones administrativas.
Adicionalmente, el caso de Ack for Whales está afectando a Vineyard Wind, ya que la organización cuestiona la autorización original del parque. La jueza autorizó a Iberdrola a participar en el proceso, reconociendo que una posible revocación podría implicar consecuencias económicas significativas. Así, la situación de la empresa se encuentra marcada por un complejo entramado judicial que podría afectar su inversión en el sector de la energía eólica marina en EE.UU.