En un intento por modernizar y ampliar la cobertura de la pensión de viudedad, el Gobierno español ha presentado un borrador de decreto ley que, si se aprueba, permitirá a los convivientes con hijos en común acceder a esta prestación. Esta reforma, que se espera sea debatida en el Consejo de Ministros, equipara a las parejas no casadas y a las parejas de hecho con vínculos legales, facilitando así el acceso a derechos de protección social que hasta ahora estaban limitados a los matrimonios y a las parejas de hecho formalmente reconocidas.
De acuerdo con el nuevo marco propuesto, los convivientes con progenie deberán demostrar una convivencia continua durante dos años previos a la solicitud de la prestación. Para acreditar esta convivencia, será suficiente presentar un certificado de empadronamiento. Este cambio normativo responde a una necesidad de adaptación a la realidad social contemporánea, donde un alto porcentaje de los nacimientos en España corresponde a parejas no casadas, según datos del INE.
La propuesta, que modifica el artículo 221 de la ley general de la Seguridad Social, busca deshacer la anterior exigencia de formalización de pareja de hecho para acceder a la pensión. Hasta ahora, los convivientes que no habían legalizado su situación debían esperar un periodo de tiempo más prolongado para poder acceder a derechos que ahora se reconocen de manera más inclusiva. Así, la nueva normativa se dirige a un colectivo que ha vivido situaciones de desprotección y litigiosidad en el pasado.
Implicaciones en el sistema de pensiones
El borrador del decreto también incluye cambios significativos para las personas divorciadas o separadas que no podían acceder a la pensión de viudedad si ya percibían otra pensión pública. Con la nueva reforma, será posible complementar su pensión de viudedad con otras prestaciones, lo que representa un avance en el reconocimiento de derechos. Además, se prevén mejoras en las prestaciones por incapacidad derivadas de catástrofes naturales, permitiendo que estas se asimilen a contingencias profesionales, un cambio que podría beneficiar a muchos trabajadores afectados por eventos catastróficos.
El Gobierno también ha indicado que habilitará una ventana temporal de un año para que quienes hayan perdido a un ser querido anteriormente puedan beneficiarse de esta medida, aunque no ha especificado cuántas personas podrían estar incluidas en este nuevo marco de protección. Este enfoque busca abordar las demandas de los diferentes actores sociales que han insistido en la necesidad de una mayor equidad en el sistema de pensiones.
Con la vista puesta en las elecciones del 29 de noviembre, el Ejecutivo aspira a implementar estos cambios antes de la fecha electoral, buscando así implementar reformas que respondan a la evolución de la dinámica familiar y laboral en el país. Aunque los sindicatos han planteado una subida del salario mínimo interprofesional, también están pendientes otras medidas que podrían afectar la estabilidad del ámbito laboral en los próximos meses.