Francia se encuentra en un momento crucial con su más reciente ajuste presupuestario, que busca un ahorro significativo de 54.000 millones de euros para 2027. Este plan, presentado por el Gobierno de Sébastien Lecornu, está diseñado para reducir el déficit público al 5% del PIB. Parte de esta estrategia involucra 43.000 millones de euros en nuevas medidas de austeridad, combinadas con unos 11.000 millones de euros derivados de iniciativas ya aplicadas que tendrán un mayor efecto el próximo año.
El impacto de estas medidas se sentirá en distintos sectores, especialmente en el gasto público que hasta ahora ha mantenido ciertas protecciones. Entre las acciones planificadas se encuentran el congelamiento del índice salarial de los funcionarios, una menor revalorización de pensiones y recortes en algunas prestaciones, además de un control más estricto sobre el gasto en bajas médicas.
Con esta estrategia, el Gobierno intenta frenar un déficit que se prevé alcance el 5,4% del PIB en 2026 y lograr que baje hasta el 5% en 2027. Este escenario proyecta, además, un crecimiento del 1% en 2024, superior al 0,5% estimado para el año anterior.
El impacto en los funcionarios públicos
Uno de los ajustes más notorios afecta a los empleados públicos, donde el Gobierno planea congelar el punto de índice de la función pública por cuarto año consecutivo. Esta medida podría representar un ahorro de 2.000 millones de euros. Aunque el sueldo de los funcionarios no se detendrá por completo, ya que elementos como la antigüedad, complementos y promociones seguirán influyendo en su remuneración.
Las remuneraciones del sector público ascendieron a unos 362.000 millones de euros en 2024, y el sistema empleaba alrededor de 5,9 millones de personas. Este ajuste se considera especialmente sensible en un contexto donde la contención del gasto se vuelve esencial.
Pensiones bajo la lupa
Los jubilados serán otro grupo impactado por este ajuste presupuestario. El Gobierno se ha propuesto ahorrar 5.500 millones de euros en el sistema de pensiones, limitando la revalorización de aquellas pensiones que superen los 1.260 euros mensuales, es decir, el 85% del salario mínimo. Aquellas por debajo de este umbral no solo estarán protegidas, sino que seguirán beneficiándose de ajustes vinculados a la inflación.
Se prevé que 4.100 millones de euros sean generados mediante esta menor revalorización, mientras que otros 1.400 millones provendrán de una reducción del umbral del actual abatimiento fiscal del 10% aplicable a jubilaciones.
Control del gasto sanitario
El Ejecutivo también ha establecido medidas para contener el gasto en bajas médicas, que se prevé ahorrarán alrededor de 2.000 millones de euros. Esto se sitúa dentro de un esfuerzo más amplio de la Seguridad Social para mitigar su déficit, que se espera disminuya de unos 21.800 millones de euros en 2026 a aproximadamente 12.700 millones en 2027.
Además, los créditos ministeriales se congelarán, con excepción de áreas prioritarias como la defensa. Esto resulta en una estrategia donde el Gobierno busca limitar un aumento generalizado de impuestos, enfocándose en la contención del gasto.
Reflexiones sobre la sostenibilidad del ajuste
No obstante, la medida ha generado debate entre economistas sobre su efectividad. Algunos argumentan que recortar prestaciones y salarios podría, en última instancia, afectar negativamente la actividad económica. Economistas como Christophe Ramaux advierten que la reducción del gasto podría conducir a una disminución de la actividad económica y, por ende, a una incapacidad para mitigar el déficit.
Francia enfrenta un complicado balance: necesita reducir su déficit y controlar una deuda creciente, sin perjudicar el consumo y la actividad económica. La situación actual destaca la delicada interconexión entre austeridad fiscal y dinamismo económico, un reto que el Gobierno francés deberá gestionar con precaución en los próximos años.