La reciente disolución de las Cortes en España y la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre han alterado el calendario habitual de trámites del Gobierno. Esto ha llevado a varios ministerios a apresurar el cierre de expedientes que normalmente se concluyen entre diciembre y febrero, buscando implementar ajustes que ya están aprobados, independientemente de quién asuma el poder en 2027.
El contexto actual plantea desafíos para la revalorización de las pensiones y otros derechos sociales. Con las Cortes disueltas, todo decreto-ley deberá ser autorizado por la Diputación Permanente del Congreso, lo que afecta directamente la capacidad del Gobierno de anunciar subidas en pleno proceso electoral. Las pensiones contributivas, que benefician a aproximadamente 9,4 millones de pensionistas, están programadas para aumentar entre un 3,4% y un 3,6% en enero, según las estimaciones del IPC hasta septiembre.
Revalorización de Pensiones: Un Desafío Inminente
La ley establece que la revalorización se ajusta a la inflación media de los doce meses previos a diciembre, lo que implica que, a pesar de las elecciones, la metodología no cambia. Sin embargo, el período electoral complica la obtención de datos definitivos, ya que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará la cifra final el 15 de diciembre, justo después de la votación. Usualmente, el dato anticipado será comunicado el 27 de noviembre, permitiendo al Gobierno anunciar la nueva cuantía a aplicar desde enero.
Además, las pensiones mínimas verán un ascenso mayor, dado que 2027 marca la finalización de un plan adicional de la reforma de 2023. En el caso de las pensiones no contributivas, se espera que puedan superar el IPC, ya que deben alcanzar un 75% del umbral de pobreza para personas solas. Esto también impactará directamente en el Ingreso Mínimo Vital, que beneficia a 2,7 millones de ciudadanos.
Para llevar a cabo esta revalorización, el Ejecutivo en funciones podría optar por un real decreto-ley o, en el caso de no llegar a un acuerdo, posponerla hasta que se forme un nuevo Gobierno, aplicándose con efecto retroactivo.
Subida de Funcionarios: Compromisos y Expectativas
Por otro lado, se ha pactado una subida del 4,5% para 2027 destinada a los 3,5 millones de empleados públicos, unión del acuerdo marco suscrito con los sindicatos UGT, CSIF y CCOO. Este acuerdo implica un incremento total del 11% entre 2025 y 2028. El alcance de esta medida también dependerá de la inflación, ya que se contempla un 0,5% adicional si el cierre del año alcanza el 1,5% de inflación.
Aun con el compromiso firmado, la incertidumbre persiste, dado que estas negociaciones requieren formalización legislativa. Sin unos Presupuestos aprobados, la vía a seguir podría ser la emisión de un real decreto-ley, al igual que se hizo en ejercicios anteriores.
Aceleración de la Subida del SMI: Clave en la Agenda del Gobierno
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se posiciona como una de las medidas más apremiantes en la mesa del Gobierno. Actualmente establecido en 1.221 euros brutos al mes, el Ministerio de Trabajo busca definir una nueva cuantía antes de la convocatoria electoral. La mayoría de los 2,5 millones de trabajadores afectados están expectantes ante el inminente incremento.
El proceso incluye la realización de un informe por parte de expertos con las recomendaciones de aumento, que se planea presentar a principios de noviembre. A diferencia de las pensiones, la subida del SMI no requiere pasar por el Congreso, lo que permite una tramitación más ágil, aunque las decisiones podrían recaer en el futuro Ejecutivo si se superan los plazos establecidos.
Los escenarios para el incremento son variados. Si se opta por una subida del 3%, el SMI ascendería a 1.258 euros; un aumento del 4% lo llevaría a aproximadamente 1.270 euros, mientras que un incremento del 5% lo posicionaría en torno a los 1.282 euros. Para alcanzar exactamente los 1.300 euros, se necesitaría un aumento del 6,47%.