La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha dado un paso significativo al presentar una denuncia ante el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo en contra de la inmobiliaria Engel & Völkers. Esta acción se basa en prácticas que, según la OCU, violan la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), al imponer honorarios a los inquilinos que deberían ser asumidos por los propietarios.
La denuncia se centra en el cobro de honorarios equivalentes a una mensualidad de renta más IVA por parte de Engel & Völkers a los arrendatarios. Según la OCU, estos cargos están relacionados con servicios de asesoría que, en realidad, constituyen una comisión por la intermediación inmobiliaria, un servicio que la empresa contrató desde el inicio del arrendamiento.
En su comunicado, la OCU esclareció que las funciones que incluye este cobro van más allá de servicios de asesoramiento y abarcan tareas de intermediación inmobiliaria. Esto incluye la búsqueda de inmuebles, la organización de visitas, la recopilación de documentos de solvencia y la negociación de las condiciones del contrato.
La ley establece que los gastos de gestión inmobiliaria deben ser responsabilidad del propietario. Sin embargo, Engel & Völkers estaría cobrando a los inquilinos a partir de la aceptación de la oferta de arrendamiento, lo que contraviene directamente las normas establecidas en la LAU.
Además, la OCU ha notado que el contrato propuesto por la inmobiliaria incluye cláusulas que obligan a los inquilinos a abonar estos honorarios para que su solicitud sea presentada al propietario, eliminando cualquier aspecto de voluntariedad en la contracción de estos servicios. Este modelo contractual impone también numerosos pagos en caso de desistimiento o modificación de la oferta.
Ante esta situación, la OCU subraya que no se puede considerar un servicio contratado libremente por el consumidor, sino que entra en la categoría de gestión inmobiliaria. Este incumplimiento del marco legal ha generado preocupaciones sobre cómo estas prácticas pueden restringir el acceso a la vivienda y tener un impacto negativo en los consumidores.
Reacción y peticiones de la OCU
La organización ha solicitado que se tomen medidas urgentes por parte de la Administración General del Estado. En particular, la OCU pide el comienzo de investigaciones sobre estas prácticas y la suspensión inmediata del cobro de honorarios a los arrendatarios. También ha instado a que se apliquen sanciones adecuadas en función de la gravedad de los hechos expuestos.
El desarrollo de este caso podría redefinir las prácticas de cobro en el sector inmobiliario y restablecer la confianza en las relaciones arrendatarias, especialmente en un momento donde la competencia en el mercado de alquiler se torna más exigente.