La reciente interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, a raíz de un accidente en Urda, ha encendido la controversia en el sector del transporte ferroviario. La asociación FACUA ha presentado una denuncia contra las operadoras Iryo y Ouigo, acusándolas de incumplir la normativa europea al no ofrecer alternativas de transporte a los pasajeros cuyos trenes fueron cancelados.
Según FACUA, estas compañías han incumplido el reglamento que exige ofrecer soluciones distintas al reembolso en caso de cancelaciones. Mientras Renfe está facilitando opciones de transporte para los afectados, Iryo y Ouigo se limitan a devolver el importe de los billetes, lo cual ha llevado a la organización a solicitar sanciones para ambas operadoras.
El centro de la denuncia de FACUA radica en el artículo 18 del Reglamento (UE) 2021/782, que define los derechos de los viajeros en situaciones de cancelación. Este artículo establece que los usuarios tienen derecho a elegir entre un reembolso o alternativas como viajes en otros trenes, autobuses o incluso taxis. Sin embargo, en este caso, las opciones se han visto restringidas a la simple devolución del importe, lo que contraviene el derecho a elegir.
FACUA ha instado a la Dirección General del Consumo y a la Dirección General de Transporte Terrestre a investigar estas actuaciones y a determinar si las operadoras han incumplido sus obligaciones. En caso de confirmarse esta vulneración, la organización demanda que se inicien los tribunales sancionadores correspondientes.
Para los pasajeros que ya han tenido que buscar alternativas de viaje por su cuenta, FACUA indica que son elegibles para reclamar a Iryo y Ouigo la diferencia de precio que han tenido que pagar. Esto resulta crucial, ya que los viajeros no deberían asumir costes adicionales debido a la falta de respuesta adecuada por parte de las operadoras.
Además, la problemática actual se ve ensombrecida por el recuerdo del accidente de Adamuz en enero de este año, cuando se denunciaron aumentos abusivos en los precios de los transportes alternativos tras la interrupción del servicio ferroviario. En esa ocasión, el Ministerio de Consumo recordó a los pasajeros su derecho a que las compañías ofrecieran transporte alternativo sin coste adicional, y reafirmó que podían reclamar reembolsos por gastos razonables si se veían forzados a solventar la situación por su cuenta.
La situación ha motivado a las autoridades a considerar una nueva regulación para evitar incrementos de precios abusivos en emergencias, a través del Anteproyecto de Ley de Consumo Sostenible. Esta medida busca proteger a los consumidores y garantizar que situaciones como la actual no se repitan en el futuro, asegurando un servicio de transporte más justo y eficiente.