La instalación de grandes centros de datos en Extremadura ha despertado un debate polarizado entre avances tecnológicos y preocupaciones medioambientales. El investigador predoctoral Manuel García Domínguez, en su comparecencia ante la Comisión de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Asamblea de Extremadura, resaltó la necesidad de brindar una visión equilibrada sobre los beneficios y riesgos asociados a estas infraestructuras. Su intervención, sin embargo, fue rechazada por varios partidos políticos, quienes argumentaron que su perspectiva podría frenar el desarrollo propuesto.
Durante su presentación, García Domínguez expuso que, aunque los promotores de los centros de datos destacan una inversión significativa y una generación de empleo, existe una realidad que no se puede ignorar. Agricultores y ganaderos están viendo sus tierras expropiadas, mientras que comunidades locales sufren los efectos del ruido, las emisiones y el consumo de recursos hídricos. Además, alertó sobre el impacto en la red eléctrica, que se vería saturada ante un aumento en la demanda energética.
La situación se tornó más compleja cuando representantes de partidos como Vox y el Partido Popular se opusieron a su comparecencia. Isabel Cortés Gervilla, del Partido Popular, descalificó la intervención al considerarla «muy negativa» y alineada con un «ecologismo chavista», sugiriendo que voces discrepantes no eran bienvenidas en la discusión sobre el futuro tecnológico de Extremadura.
Esta dinámica resalta un problema mayor: el riesgo de tomar decisiones sin una evaluación técnica adecuada de los impactos a largo plazo. Extremadura enfrenta una responsabilidad crítica en la discusión de al menos cuatro proyectos de centros de datos de hiperescala, que, de ejecutarse, podrían multiplicar por cinco el consumo eléctrico actual de la región. García Domínguez enfatizó que no se estaba pidiendo un rechazo a los proyectos, sino la oportunidad de una discusión informada que incluya una variedad de perspectivas.
Una política industrial basada en la transparencia
El investigador hizo un llamado para desarrollar una política industrial en Extremadura que se base en la transparencia, la participación pública y el acceso a información verificada. Esta estrategia es fundamental no solo para atraer inversiones que realmente beneficien a la población, sino también para evitar que la región se convierta en una periferia energética, donde las decisiones sean tomadas de espaldas a sus ciudadanos.
En este contexto, se hace esencial el establecimiento de procesos deliberativos que faciliten la inclusión de todas las voces en la toma de decisiones. La información detallada debe ser accesible para que la comunidad pueda participar activamente en el debate sobre proyectos que afectarán su futuro durante décadas.
La negativa a considerar diferentes perspectivas, especialmente las fundamentadas en la ciencia, pone en evidencia un déficit en la representación y escucha activa por parte de las instituciones. Para poder afrontar el reto que suponen los nuevos desarrollos tecnológicos, se requiere un compromiso real con la participación y la evaluación rigurosa de los impactos, con el objetivo de construir un futuro más equilibrado y sostenible para Extremadura.