Recientemente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, liderado por la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, llevó a cabo un briefing informativo que ha suscitado controversia. La convocatoria para este evento fue limitada, invitando únicamente a un grupo selecto de medios, lo que ha generado críticas por parte de la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
Según fuentes cercanas a la situación, varios medios importantes fueron excluidos de la convocatoria sin justificación. La APIE ha expresado su descontento, señalando que esta exclusión es una violación a los principios de libertad de prensa y a la equidad en el acceso a la información. En un mensaje en la red X, la asociación enfatizó que todos los periodistas deben tener acceso a la información, sin importar la línea editorial de sus respectivas publicaciones.
Regulación de los centros de datos en la agenda gubernamental
El briefing se centró en la inminente aprobación de un real decreto que establecerá los requisitos de sostenibilidad para los centros de datos. Este decreto es parte de un esfuerzo continuo por parte del Gobierno para asegurar que el sector energético y tecnológico actúe en consonancia con los objetivos de sostenibilidad. El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha subrayado la importancia de esta regulación, especialmente a la luz de las próximas elecciones generales programadas para el 29 de noviembre.
El nuevo proyecto establece que los centros de datos deben demostrar que al menos el 80% de su consumo energético anual proviene de fuentes de autoconsumo o de contratos con instalaciones de energía renovable. Además, se especifica que estas instalaciones no deben haber comenzado a operar más de 18 meses antes del funcionamiento del centro de datos. López ha defendido esta iniciativa como una salvaguarda esencial para la sostenibilidad energética, advirtiendo que un aumento desmedido en el consumo podría repercutir negativamente en el precio de la electricidad para los ciudadanos.
La regulación, muy esperada por los actores del sector, ya ha sido objeto de análisis por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha propuesto flexibilizar ciertos requisitos técnicos. Ahora, el texto aguarda la revisión jurídica del Consejo de Estado antes de ser presentado al Consejo de Ministros en los próximos días. Se busca su aprobación urgente para que pueda ser publicado en el Boletín Oficial del Estado antes de las elecciones.
La falta de acceso a información para todos los medios sobre una normativa de tal relevancia plantea preocupaciones sobre la transparencia del Gobierno y el manejo de la información. Este tipo de situaciones podría tener implicaciones significativas en el ámbito de la regulación y control del sector tecnológico y energético, así como un impacto potencial en las inversiones y en la infraestructura eléctrica del país.