Hatta Energy, el cuarto operador de hidrocarburos en España, ha reportado unas facturaciones de 3.540 millones de euros en los primeros nueve meses del año, un desempeño financiero notable que pone en evidencia los desafíos regulatorios que enfrenta la compañía. Esta empresa, dirigida por Javier Alonso, ha liquidado también 543 millones de euros de IVA por adelantado, un gesto que subraya su solvencia y que es objeto de controversia debido al estatus de «operador confiable» que la Agencia Tributaria le ha denegado.
Hatta Energy se encuentra actualmente en un proceso judicial tras presentar una querella que ya ha sido admitida a trámite. Este conflicto surge a raíz del rechazo de la Delegación de la Agencia Tributaria en Galicia, la cual justifica su decisión argumentando que la compañía no demuestra la suficiente solvencia financiera. Sin embargo, desde Hatta se cuestiona esta evaluación, citando su elevado volumen de facturación, el cual casi iguala el total del ejercicio anterior (3.500 millones de euros), así como su capacidad para adelantar el 110 por ciento del IVA cada mes.
Desde la compañía se manifestaron sobre la situación, declarando que “es difícil comprender cómo se puede denegar nuestra solvencia con números tan claros”. En consecuencia, Hatta espera una pronta resolución que le permita operar con normalidad y continuar con sus planes de inversión.
Compromisos de Inversión y Proyectos Verdes
Hatta Energy tiene a su disposición una serie de inversiones que están condicionadas por la obtención de la mencionada ‘condición de operador confiable’. Estos proyectos buscan establecer a Galicia como un hub de producción de biodiésel, lo que representaría un avance significativo en la transición hacia energías más sostenibles.
El plan no solo abarca inversiones industriales, sino que contempla acciones de carácter social con el objetivo de fortalecer su presencia en la región. No obstante, la falta de una resolución por parte de la Agencia Tributaria ha mantenido a la compañía en una situación precaria, obligándola a adelantar pagos que limitan su capacidad de inversión y crecimiento.
La empresa ha señalado que esta situación no solo afecta su salud financiera, sino que también genera un impacto en la libre competencia en el mercado, repercutiendo indirectamente en los precios que los consumidores pagan en las gasolineras. Hatta argumenta que la normativa que impone estos requisitos es «claramente ilegal» y está siendo objeto de investigación en un contencioso en la Audiencia Nacional, donde varias empresas han expresado su desacuerdo con la situación actual.
Javier Alonso, CEO de Hatta Energy, ha manifestado su preocupación por cómo estas normativas pueden afectar a los ciudadanos, particularmente en un contexto de alta inflación y aumento de precios. Se cuestiona la proporcionalidad en las exigencias regulatorias impuestas, subrayando que el rigor de la regulación debería estar alineado con los riesgos reales que se pretende mitigar.
La controversia en torno a la condición de «operador confiable» pone en evidencia no solo la complejidad del entorno regulatorio en el que opera Hatta, sino también las brechas existentes en el marco normativo que regula el sector energético. La resolución de este asunto será crucial no solo para Hatta Energy, sino también para el paisaje empresarial más amplio en Galicia y en toda España.