La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha comparecido este jueves como testigo en el juicio del caso Lezo, donde se juzga a Ignacio González, su exsucesor, por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Canal de Isabel II. Este caso está relacionado con un polémico proyecto de construcción de un campo de golf en las instalaciones de la empresa pública, que fue desmantelado en 2021 tras la oposición de los vecinos. Durante su declaración, Aguirre defendió la iniciativa, destacando que se inspiró en un concepto de Tokio, pero negó cualquier conexión con irregularidades en su ejecución.
Al llegar al tribunal, Aguirre mostró una actitud provocativa al responder a las preguntas de los medios, indicando que estaba allí “como testigo” para “decir la verdad”. Afirmó haber dimitido de su cargo para asumir responsabilidades políticas, enfatizando que nunca tuvo conocimiento de anomalías en la gestión de González.
La defensa de Aguirre se sitúa en un contexto donde su excolaborador, Ignacio González, se declaró inocente la semana pasada. Las acusaciones en su contra giran en torno a una supuesta trama que benefició a sus familiares mediante la subcontratación de Tecnoconcret, una empresa vinculada a su hermano y cuñado para las obras del golf. Esta situación ha escalado las tensiones políticas en la región, especialmente ante la implicación de dos expresidentes en el mismo juicio por corrupción.
Transcurrir del juicio
En las últimas semanas, el tribunal ha visto comparecer a figuras clave, incluyendo a Alberto Ruiz-Gallardón, quien trató de justificar las decisiones de su gobierno respecto a la compra de la empresa colombiana Inassa. En su intervención, Gallardón afirmó que en su momento no había indicios de ilegalidad en las decisiones tomadas por el Canal de Isabel II.
Aguirre ha tenido un papel destacado en el debate sobre el campo de golf, cuya introducción al proyecto original comenzó a gestarse bajo su mandato. En una reciente declaración, la expresidenta había reconocido previamente su autoría sobre el concepto del golf, lo que añade una capa de complejidad a la percepción de su responsabilidad en las decisiones de González.
A pesar de la solicitud del PSOE para que Aguirre fuera imputada, el juez Manuel García-Castellón desestimó las acusaciones al considerar que no había suficientes pruebas de prevaricación administrativa. Este juicio ha continuado durante varias semanas y se espera que concluya a principios de noviembre, con la Fiscalía pidiendo penas severas para los acusados por cohecho y otros delitos relacionados con la gestión pública.
Conexiones ocultas
A lo largo del juicio, han surgido testimonios que sugieren que la dirección del Canal de Isabel II pudo haber encubierto las conexiones de Tecnoconcret con González, lo que plantea preguntas sobre la transparencia en la gestión de contratos públicos. Varios ex altos cargos han confirmado que no se les informó apropiadamente sobre estos vínculos, intensificando el escrutinio sobre las decisiones tomadas en el pasado.
La complejidad del caso Lezo continúa revelando un entramado de relaciones y decisiones que han sacudido la política madrileña, siendo Aguirre una figura central en este enredo que aún sigue su curso judicial. La evolución de este proceso promete seguir ocupando un lugar destacado en el debate público sobre la corrupción en la administración pública en España.