La situación en torno a la adquisición de NetCo, el negocio de red fija de Telecom Italia (TIM), ha cobrado un nuevo giro tras las acusaciones de la Comisión Europea hacia el fondo de inversión estadounidense KKR. Las autoridades europeas han denunciado que KKR mostró información que podría ser considerada «inexacta o engañosa» durante la evaluación inicial de la operación, que fue autorizada en mayo de 2024.
La Comisión se basa en denuncias de varios operadores que afirmaron que tras la compra, FiberCop, la entidad resultante, aumentó unilateralmente los precios a los que terceros acceden a su red de banda ancha. Esto llevó a los servicios comunitarios a abrir una investigación preliminar en julio de 2025, sugiriendo que KKR había proporcionado información inexacta sobre las condiciones de acceso a la red. En particular, se criticó que la firma no respetara las garantías de que los precios no podrían variar sin el consentimiento de los operadores existentes.
Con el pliego de cargos en manos de KKR, el fondo tiene la oportunidad de presentar sus alegaciones antes de que la Comisión decida si avanza con el caso. Las normativas de la Unión Europea prevén que, en caso de confirmarse las acusaciones, la empresa podría enfrentarse a multas de hasta un 1% de su volumen anual global, además de la posibilidad de revocar la autorización inicial de la compra.
K.K.R. ha respondido de manera contundente, afirmando que la información presentada durante la revisión de la operación era «exacta» y que su postura difiere marcadamente de la evaluación preliminar de la Comisión. El fondo asegura que responderá enérgicamente a dichas acusaciones y reafirma su compromiso de colaborar con las autoridades europeas durante el proceso.
A pesar de las denuncias, KKR sostiene que la autorización de la operación sigue siendo válida y que el proceso legal todavía está en una fase inicial. Este caso pone de relieve las complejidades y riesgos que enfrentan las grandes transacciones en el contexto europeo, así como la vigilancia intensa que ejercen las instituciones comunitarias sobre el mercado para proteger la competencia y el acceso equitativo a las infraestructuras críticas.