La situación de Tubos Reunidos ha tomado un giro crítico en medio de sus intentos por concretar la venta de la empresa. La compañía, que enfrenta una significativa carga financiera, cuenta con una deuda de aproximadamente 150 millones de euros con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que representa cerca de la mitad del pasivo total de 300 millones de euros acumulado. Esta carga es un factor determinante en las negociaciones actuales, ya que los cinco inversores interesados en la adquisición de la empresa se preparan para iniciar conversaciones con los representantes de los trabajadores.
Los oferentes han dejado claro que ninguna de sus propuestas incluye la condonación de esta deuda. En cambio, condicionan su interés a que la obligación de pago de la SEPI quede dentro de la sociedad concursada, lo que evitaría que los nuevos propietarios tengan que asumir este dato financiero. Este criterio es alineado con lo que sostiene la administración concursal de Tubos Reunidos, la cual considera esta deuda como subordinada, un estatus que podría eximir a futuros compradores de su pago.
El préstamo de la SEPI se caracteriza como participativo, lo que, bajo la ley concursal española, coloca a la sociedad estatal en el último escalón de prioridad de cobro, justo por encima de los accionistas. Este tipo de financiación permite a Tubos Reunidos mejorar su solvencia contable, ya que computa como patrimonio neto, lo que facilita la salida de la quiebra técnica. Sin embargo, este rescate se realizó a través de un fondo de apoyo diseñado para mitigar los efectos de la pandemia, lo que implica la obligación de devolver dicho préstamo.
La SEPI ha enviado una consulta técnica a la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, argumentando que, dado que este préstamo provino de fondos públicos y fue autorizado por la Comisión, la decisión sobre la asunción de la deuda debe regirse por la normativa comunitaria. Esta perspectiva contrasta con la legislación concursal española, que prioriza la venta de activos limpios para proteger la continuidad del empleo.
La legislación de la Unión Europea establece que si una empresa que ha recibido ayudas estatales es vendida, el nuevo propietario debe asumir las obligaciones relacionadas con dichas ayudas, independientemente de si adquiere toda la empresa o solo parte de ella. Este enfoque tiene como objetivo evitar que las empresas que han recibido ayudas públicas tengan una ventaja competitiva injusta.
A pesar de la opinión preliminar de la Dirección General de Competencia, esta no es vinculante, y la decisión final recae en la jueza de lo Mercantil de Vitoria, quien puede ser objeto de un recurso por parte de la SEPI. Esta incertidumbre añade complejidad al proceso de venta y podría afectar el interés de los posibles compradores.
Por otro lado, Tubos Reunidos ha comunicado la necesidad de implementar medidas de ajuste en su planta de Iruña de Oca, debido a la disminución de los pedidos en meses recientes. La dirección ha advertido que, aunque la paga extraordinaria correspondiente a octubre se abonará a los trabajadores de la planta de Trápaga, los pagos futuros dependerán de la capacidad de generación de caja resultante de la actividad productiva.