La reciente entrada en vigor de la nueva ley de salud mental ha suscitado diversas reacciones en la comunidad médica y entre las familias de pacientes. A pesar de la preocupación inicial sobre los cambios que podría traer, el Ministerio de Sanidad ha asegurado a los psiquiatras que podrán continuar con los internamientos involuntarios bajo los mismos criterios que venían utilizando hasta ahora. Esta clarificación fue proporcionada en una reunión con representantes de sociedades médicas y asociaciones de pacientes.
La inquietud se generó en torno al artículo 13 bis de la Ley General de Discapacidad, que establecía condiciones más estrictas para los internamientos forzosos. Los psiquiatras temían que la mención a la «urgencia vital» limitara su capacidad para actuar cuando los pacientes se encuentran en situaciones críticas. Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), enfatizó que hay muchas circunstancias donde no se puede esperar a que la vida de una persona esté en peligro para intervenir.
En respuesta a estas inquietudes, el Ministerio de Sanidad presentó un reglamento diseñado para aclarar los procedimientos de internamiento involuntario. Este reglamento reafirma que la regulación de estos ingresos seguirá basándose en el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, manteniendo la necesidad de autorización judicial, salvo en casos de urgencia, donde el centro deberá informar al tribunal en un plazo máximo de 24 horas.
La presidenta de la SEPSM consideró que los cambios propuestos no alteran de manera significativa la práctica psiquiátrica. Reiteró que había un temor real respecto al funcionamiento cotidiano, dado que no se tenía claridad sobre cómo operar bajo las nuevas regulaciones. Esta falta de información podía representar un desafío tanto para los psiquiatras como para las familias involucradas.
El impacto en las familias
Familias de pacientes con enfermedades mentales también expresaron su preocupación ante la normativa. Un caso emblemático es el de Ana, madre de un joven con esquizofrenia paranoide. Ella temía que la interpretación restrictiva de la ley impidiera intervenciones necesarias durante episodios críticos, ya que su hijo no puede tomar decisiones sobre su salud debido a su condición. Para Ana, el ingreso de su hijo es esencial en momentos de crisis, independientemente de que haya o no un riesgo inminente para su vida.
Tras la reunión con el Ministerio de Sanidad, Ana se sintió aliviada al conocer que la esencia de los internamientos no cambiaría drásticamente. Sin embargo, subrayó la falta de recursos y alternativas en la asistencia psiquiátrica. “Nos gustaría que hubiera más apoyo para atender a un paciente en crisis sin necesidad de un ingreso. Pero eso no existe hoy”, lamentó.
En términos de las condiciones en que se producen estos internamientos, Ana criticó las instalaciones, que en muchos casos son inadecuadas y dan poca importancia al bienestar del paciente. “Eso no es cuidar, eso es contener”, afirmó, lo que refleja una falta de enfoque en el tratamiento integral de la enfermedad mental.
Desde el Gobierno se argumenta que la reforma busca ir más allá de la simple regulación del internamiento, prohibiendo intervenciones involuntarias sin evaluación individual y garantizando que no se utilicen medidas punitivas. El uso de contenciones mecánicas solo se permitirá en situaciones excepcionales, con la necesidad de documentar y evaluar cada caso para salvaguardar los derechos de los pacientes.
Sin embargo, la ley puede ser solo el primer paso. La disposición final decimonovena requiere que se presente un proyecto de ley orgánica que reforme el procedimiento de ingresos involuntarios en un plazo de un año, alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar un tratamiento más humano y justo en el ámbito de la salud mental.