El aumento de los despidos durante el periodo de prueba de contratos indefinidos ha suscitado preocupación en el mercado laboral español. Según datos de la Seguridad Social, hasta agosto de 2026 se registraron más de 3,2 millones de bajas por no superar esta fase. Este fenómeno se ha intensificado notablemente desde la reforma laboral de 2022, que ha permitido a las empresas finalizar la relación laboral sin necesidad de indemnización y sin justificación durante este periodo de prueba, que puede extenderse por semanas.
Las estadísticas son elocuentes. En 2025 se reportaron 723.763 bajas por esta causa, un aumento notable desde las 75.004 registradas en 2021. Comparándolo con 2019, justo antes del inicio de la pandemia, donde las cifras eran de 132.534, se observa un incremento que supera en más de cinco veces a ese año.
El impacto de la nueva normativa
Con la llegada del Real Decreto 723/2026, publicado en octubre de 2026, las empresas ahora están obligadas a proporcionar información por escrito sobre las condiciones del periodo de prueba, que deben especificar claramente la duración, las funciones a desempeñar y la compensación salarial. A pesar de esta mejora en la transparencia, las empresas continúan manteniendo la facultad de prescindir de los trabajadores sin indemnización durante la fase de prueba.
Esta normativa no solo busca proteger al trabajador, sino que también exige que las contrataciones se realicen con más claridad. La información deberá ser entregada antes de que el trabajador inicie sus funciones y puede presentarse en el contrato o en un documento adicional. Para aquellos contratos firmados antes de la entrada en vigor del decreto, la empresa tiene un plazo de 30 días hábiles para proporcionar la información requerida.
Condiciones y limitaciones del periodo de prueba
La ley estipula límites específicos sobre la duración de los periodos de prueba, que varían dependiendo del tipo de trabajo. Para técnicos titulados, el máximo es de seis meses, mientras que para otros perfiles la duración se reduce a dos meses. En empresas con menos de 25 trabajadores, este plazo es de tres meses para aquellos que no son técnicos. Es importante destacar que, si el trabajador ya ha desempeñado funciones similares en la misma empresa, el acuerdo de prueba se considera nulo.
La normativa también establece la protección de los derechos laborales de los trabajadores en periodo de prueba, asegurando que, a pesar de que no se les debe indemnizar en caso de despido, sí tienen derecho a recibir el salario correspondiente por el trabajo realizado. En este contexto, resulta crucial que los trabajadores analicen cuidadosamente sus contratos y condiciones de empleo, especialmente en lo que respecta a la posible impugnación de ceses que puedan ser considerados discriminatorios o injustificados.
El riesgo de cambiar de empleo
El impacto de estas normativas no solo se siente a nivel organizacional, sino también a nivel personal. Los trabajadores que deciden cambiar de empleo corren el riesgo de perder la posibilidad de acceder a la prestación por desempleo si su nuevo empleador decide finalizar la relación antes de que transcurran tres meses. Un aspecto que podría ser decisivo para quienes han dejado un trabajo estable en busca de mejores oportunidades.
A pesar de que se esperan cambios en la regulación laboral, los números siguen mostrando un aumento en las finalizaciones de contratos indefinidos durante el periodo de prueba. En el primer semestre de 2026, las bajas ascendieron a 505.065, lo que representa un incremento del 5,6% con respecto al año anterior, lo que sugiere que el entorno laboral sigue siendo incierto para muchos trabajadores.