La situación de los menores no acompañados en Ceuta ha cobrado protagonismo tras las recientes declaraciones de Sira Rego, Ministra de Juventud e Infancia. Durante una entrevista, Rego reveló que se encuentran en proceso de finalizar los primeros expedientes para la reagrupación familiar de los menores que llegaron a la ciudad durante la crisis migratoria de finales de julio. Sin embargo, planteó que la mayoría de estos jóvenes desea quedarse en España, algo que, según ella, será posible gracias a las leyes que garantizan su protección en el país.
Rego subrayó el compromiso de España con la protección de todos los niños, independientemente de su nacionalidad, afirmando que “todos son iguales ante la ley”. Este principio es clave en el contexto actual, donde la reagrupación familiar se enfrenta a obstáculos, especialmente por la respuesta que suele ofrecer Marruecos. La ministra expresó su preocupación por la falta de fluidez en las respuestas del gobierno marroquí, remarcando que ya hay unos 600 expedientes de menores que se encontraban en Ceuta antes de la crisis, los cuales no fueron atendidos adecuadamente.
Desafíos en el Acogimiento
La situación en Ceuta se complica aún más por la presencia de menores que continúan viviendo en condiciones precarias en las calles. Rego criticó la gestión del Gobierno de Juan José Vivas, destacando que la responsabilidad recae en el sistema de acogida de Ceuta, que cuenta con un presupuesto de 90 millones de euros para hacer frente a esta situación. “Es un dolor e indignante ver situaciones de este tipo”, comentó la ministra, refiriéndose a los chicos que aún deambulan por las vías de la ciudad.
Rego hizo un llamado a la administración local para que se haga cargo de la situación, enfatizando que el Estado ya ha aportado los recursos necesarios y que lo único que falta es la disposición de la ciudad para firmar el convenio que permitiría trasladar a los menores a la península. “No hay ninguna razón para no aceptarlo”, insistió, reflejando la urgencia de encontrar soluciones efectivas ante una crisis que sigue afectando a decenas de jóvenes en condiciones vulnerables.
La impasse en la reagrupación familiar y la atención a los menores en la calle plantea serios desafíos para la administración ceutí y para el gobierno español, que se enfrenta a la responsabilidad de salvaguardar los derechos de estos menores en un contexto de creciente presión migratoria. Con la llegada del otoño, la esperanza de una solución rápida se convierte en una necesidad apremiante.