La magistrada María Tardón, instructora de la Audiencia Nacional, ha asumido la investigación sobre la entrada masiva irregular de migrantes a Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio. La decisión se basa en indicios de delitos que comprometen la paz y la independencia del Estado, así como contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, vinculados con homicidio imprudente y organización criminal. Tardón enfatiza que se trata de un ataque grave a la integridad territorial de España, garantizada en el artículo 2 de la Constitución.
En una resolución detallada de 26 páginas, la magistrada examina un informe de la Policía Nacional sobre esta entrada masiva. Asegura que se usó como estrategia para desestabilizar la seguridad nacional, subrayando que no se trató de un evento accidental, sino de un proceso deliberado en el que la migración sirvió como una cobertura formal.
Tardón también cuestiona la conducta de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos, que, según el informe, mostraron una notable permisividad durante esta ola migratoria. Se menciona que, a través de imágenes recabadas por la prensa, se evidenció que los agentes marroquíes no solo permitieron el cruce, sino que incluso guiaron a los migrantes hacia la frontera.
“El propio comportamiento de la policía marroquí”, indica Tardón, “demuestra una clara intención de facilitar este proceso migratorio”. Se observó una participación activa en dirigir el paso de quienes intentaban atravesar la frontera, lo que lleva a considerar que estas maniobras intentaban atentar contra el Estado español mediante una vulneración de su integridad territorial.
La magistrada retoma las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, tras visitar Ceuta durante la crisis, definió los hechos como un ataque a la integridad territorial de España. Esta oleada de migrantes se alinea con tácticas de “guerra híbrida” donde el control de la frontera se ve comprometido por la proliferación de flujos masivos que alteran la vida de los ciudadanos de esta ciudad autónoma.
Se ha informado que más de 70,000 personas intentaron entrar a Ceuta, aunque las cifras aún son difíciles de confirmar debido al colapso del sistema de control fronterizo. Muchos de estos migrantes no tenían la intención de permanecer en el territorio español, ya que posteriormente abandonaron la ciudad de manera relativamente ordenada.
La investigación también señala el uso de redes sociales para organizar y propagar esta masiva entrada, identificando números de teléfono asociados que operaban de manera coordinada. Este tipo de organización busca generar un colapso en la gestión fronteriza española, aprovechando la presencia de núcleos familiares, incluidas mujeres y niños, lo que dificulta una respuesta coercitiva por parte de las autoridades.
La resolución, aunque no identifica directamente a los responsables detrás de las maniobras, indica que las tácticas de “guerra híbrida” son características de Estados y organizaciones criminales. Esto sugiere que la situación no es un simple fenómeno migratorio, sino parte de una operación a gran escala que presenta profundas implicaciones para la seguridad y la política nacional.