El magistrado Juan Carlos Peinado ha convocado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para una audiencia preliminar clave que podría determinar el futuro judicial de la pareja presidencial. La cita está programada para este martes a las 18:00 horas, aunque fuentes cercanas a la defensa sugieren que existe la posibilidad de que se suspenda, dado el corto plazo de notificación y la imposibilidad de algunas partes para asistir.
En un breve escrito de dos páginas, Peinado ha informado que ha recibido las defensas presentadas por Gómez y su asistente en La Moncloa, Cristina Álvarez, quien también está siendo procesada. En estos documentos, Gómez niega tener influencia en la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cátedra que ahora se encuentra bajo investigación.
Audiencia preliminar y delitos en cuestión
La Ley del Tribunal del Jurado establece que, tras la presentación de los escritos de defensa, se convoca esta audiencia preliminar para debatir la viabilidad de abrir juicio. Aunque es posible solicitar la no celebración del acto, este puede incluir diligencias como la declaración de testigos. Sin embargo, el magistrado ha denegado las solicitudes de interrogatorio de testigos, incluido un profesor de la UCM, al considerar que no son esenciales para decidir sobre la apertura del juicio oral.
Esta audiencia es la segunda que se realiza en relación con el caso de Gómez. En junio, Peinado ya convocó un acto similar y, posteriormente, ordenó la apertura del juicio por cuatro delitos, incluyendo tráfico de influencias y malversación. No obstante, tras una revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, se retiraron dos de los cargos, obligando al magistrado a repetir este proceso para los delitos confirmados.
A pesar de que existe la opción de que las defensas soliciten el archivo del caso, no se anticipa que Peinado modifique su postura. De hecho, el magistrado se prepara para presentar al jurado popular la teoría de que la interacción de Begoña Gómez con su esposo, en su rol como presidente, afectó sus iniciativas profesionales, especialmente en la UCM, donde codirigió una cátedra que recibió apoyo de entidades como Google e Indra.
Implicaciones legales y sanciones solicitadas
La relación matrimonial con el presidente del Gobierno es central en este caso. La Audiencia de Madrid ha indicado que esta relación podría constituir una presión moral, potencialmente constitutiva del delito de tráfico de influencias. Se alega que Gómez también habría utilizado a su asistente para gestionar sus actividades privadas, complicando aún más la situación legal.
Entre las exigencias planteadas por los actores del proceso, la asociación ultracatólica Hazte Oír ha señalado que pedirá 13 años de prisión para Begoña Gómez. Por su parte, la Universidad Complutense busca recuperar 113.000 euros, mientras que la Fiscalía ha señalado que solicitará la absolución tanto de Gómez como de Álvarez.
