El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a poner en el centro del debate la controversia sobre la ciudadanía por nacimiento, un derecho consagrado en la Constitución del país desde hace casi 150 años. Su intención de limitar este derecho ha tomado forma a través de la firma de dos órdenes ejecutivas que buscan negar la nacionalidad a ciertos niños nacidos en Estados Unidos de padres extranjeros. Esta medida busca atacar lo que la administración denomina «turismo de maternidad o nacimiento», a pesar de la ausencia de estadísticas oficiales que respalden la magnitud de este fenómeno.
Las nuevas órdenes ejecutivas son restrictivas y se aplicarán en cuatro circunstancias específicas. En primer lugar, afectarán a los bebés nacidos de padres extranjeros que trabajen en delegaciones diplomáticas de otros gobiernos; esta política extiende una limitación existente en la Constitución sobre la ciudadanía a embajadores. La segunda limitación afecta a niños nacidos de padres clasificados como enemigos extranjeros, incluyendo aquellos pertenecientes a grupos terroristas reconocidos por el gobierno federal.
Una tercer excepción se dirige a los hijos nacidos en territorios estadounidenses en el exterior, como Puerto Rico, aunque esta medida dependería de una modificación legislativa en el Congreso para eliminar la ciudadanía automática en esos territorios. Finalmente, la cuarta limitación se aplicará a los bebés de madres que ingresen a Estados Unidos con el propósito deliberado de dar a luz en el país.
Desafío legal y antecedentes históricos
A pesar de estas acciones, la legalidad de las nuevas directrices enfrenta serias dudas. Hace poco, el Tribunal Supremo dictó una sentencia que reafirmó el derecho a la ciudadanía por nacimiento para los bebés nacidos de padres indocumentados, en conformidad con la 14ª Enmienda. El tribunal fundamentó su decisión en la protección que este derecho otorga, lo que ha llevado a la Casa Blanca a intentar buscar alternativas legales. La administración sostiene que, aunque el alto tribunal haya establecido ciertos límites, aún existen resquicios legales que podrían permitir la implementación de estas nuevas políticas.
En su defensa, la administración ha manifestado que las medidas son necesarias para protegerse contra intentos de obtener ciudadanía por parte de aquellos que no cumplen con los requisitos históricos para tal fin. Sin embargo, organismos civiles han expresado su intención de impugnar estas órdenes en los tribunales, lo que seguramente llevará el asunto nuevamente a la consideración del alto tribunal.
Trump ha mostrado su determinación de llevar el caso al Supremo, argumentando que la reciente decisión judicial amenaza la identidad y la integridad de Estados Unidos. En su cuenta de la red social Truth Social, afirmó que solicitará «inmediatamente una nueva audiencia» ante el tribunal, argumentando que el fallo actual representa un «error judicial» que podría dañar el país. La situación se presenta como un nuevo frente de batalla legal en el debate sobre inmigración y derechos ciudadanos en Estados Unidos.