Recientemente, el Tribunal Supremo ha establecido una doctrina clave que afectará a todos los consejeros delegados de empresas cotizadas en España. Esta decisión se centra en un caso que involucró a OHLA, que fue sancionada por remitir información financiera incorrecta durante el primer semestre de 2018. La resolución clarifica la capacidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para sancionar de manera individual a los máximos ejecutivos de las empresas cuando se demuestra incumplimiento de sus deberes en la gestión.
La sentencia especifica que la CNMV tiene la autoridad para imponer sanciones a los consejeros delegados si se puede demostrar que estos incumplieron su deber de diligencia en el ejercicio de sus funciones, incluso cuando las infracciones se refieran a competencias del consejo de administración. Se reconoce que la responsabilidad no se puede asignar automáticamente solo por el cargo ocupado; debe probarse que hubo una actuación negligente que contribuyó a la violación.
Este pronunciamiento surgió tras la decisión de la CNMV de sancionar a OHLA y a varios de sus directivos, incluyendo a su entonces consejero delegado, José Antonio Fernández Gallar, por considerar que la información financiera presentada contenía datos inexactos. La Audiencia Nacional había anulado la sanción, argumentando que la responsabilidad no podía recaer únicamente en el consejero delegado, sino que debía ser considerada como una responsabilidad colectiva del consejo.
No obstante, el Tribunal Supremo difiere en su enfoque. Para los magistrados, aunque la aprobación de la información financiera recae en el consejo, eso no exime al consejero delegado de responder por su papel. La clave radica en la diligencia con la que actuó el ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.
Impacto en la Responsabilidad Ejecutiva
La sentencia subraya un principio fundamental en los mercados de valores: la información financiera proporcionada por las empresas cotizadas debe reflejar con precisión su estado económico. Las decisiones de inversión de los accionistas dependen de la fiabilidad de esta información, y cualquier inexactitud puede tener consecuencias significativas tanto para el mercado como para los inversores.
En el caso de OHLA, la CNMV detectó dos errores importantes en la información financiera: la inclusión de proyectos no formalizados por un total de 521,6 millones de euros y la contabilización de sobrecostes de apenas recuperables de 86,2 millones de euros. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que no se debía imponer responsabilidad directa al entonces consejero delegado, puesto que había asumido su cargo poco antes del cierre del semestre en cuestión y no participó en la elaboración de los informes. Además, después de tomar el cargo, actuó con diligencia al corregir la información enviada a la CNMV.
La resolución del Supremo refuerza la postura de la CNMV en cuanto a su capacidad para investigar y sancionar a los máximos ejecutivos, pero también establece un estándar más elevado para justificar cualquier acción en el futuro. A partir de ahora, la CNMV deberá no solo señalar que un directivo ocupa un cargo de alta responsabilidad, sino que tendrá que demostrar qué funciones específicas tenía, su capacidad para evitar infracciones y cómo la falta de diligencia fue atribuible a su actuación.
Esta decisión sienta un precedente importante sobre la responsabilidad personal de los consejeros delegados y redefine el alcance de sus deberes de supervisión en relación con la información financiera presentada al mercado, un aspecto crítico para la transparencia y la confianza en los mercados de capitales en España.