La crisis migratoria en Ceuta ha encendido un intenso debate entre España y varios gobiernos europeos. El presidente español, Pedro Sánchez, ha denunciado la respuesta de algunos países de la Unión Europea, acusándolos de actuar desde el sesgo político y la desinformación en lugar de la solidaridad. En una carta dirigida a las instituciones comunitarias, Sánchez describió la acción de ciertos gobiernos como «egoísta, polarizadora e ilegal», instando a una reunión urgente de ministros del Interior de la UE para abordar la situación.
La tensión surgió después de que Italia suspendiera su cooperación Schengen con España y Finlandia y Dinamarca consideraran la posible exclusión temporal de su colaboración en el sistema de libre circulación. Este contexto ha llevado a que el mandatario español exprese su «profunda preocupación» en su misiva, destacando que, a pesar del apoyo de la mayoría de los países europeos, otros han optado por criticar y cuestionar la gestión de España ante la afluencia de migrantes.
Sánchez afirmó que más de 48,000 de los cerca de 50,000 migrantes que llegaron a Ceuta han sido devueltos, subrayando que la respuesta de su gobierno fue inmediata y efectiva. En menos de 48 horas, se restableció el control fronterizo y se evitó cualquier movimiento no autorizado hacia el resto de Europa, acciones que, según el presidente, se llevaron a cabo con poco apoyo internacional.
La situación legal y humanitaria en la UE
La carta enfatiza que la postura de algunos socios europeos es contradictoria con los principios de solidaridad y derecho humanitario que deben regir en la Unión. Sánchez recordó que Ceuta no está en el espacio Schengen, lo que reduce la validez de cualquier amenaza de suspensión por parte de otros gobiernos. Además, citó datos de la Agencia Frontex para subrayar que España, a pesar de ser el único país con frontera terrestre con África, reporta solo la mitad de las entradas irregulares en comparación con Italia entre 2021 y 2026.
La crítica se acentúa al recordar episodios previos en los que España acogió a migrantes de Europa del Este y de la isla de Lampedusa, argumentando que la falta de reciprocidad de ciertos gobiernos resulta perjudicial no solo para España, sino para los intereses a largo plazo de toda Europa. Esta disparidad en reacciones, según el presidente, refleja una falta de sentido común en la gestión de la migración.
El ministro del Interior de Irlanda, Jim O’Callaghan, se comunicó con su homólogo español, Fernando Grande-Marlaska, para discutir la crisis. Además, Irlanda, que ocupa la presidencia semestral del Consejo de la UE, ha convocado reuniones para analizar la situación, lo que podría resultar en una respuesta coordinada ante futuros desafíos migratorios.
En medio de este panorama, la Comisión Europea ha señalado que cualquier decisión sobre la expulsión de un Estado miembro de Schengen no puede ser unilateral y debe ser consensuada a nivel del Consejo, respaldando así la postura de España en este delicado asunto. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, también ha mostrado su apoyo a la respuesta del gobierno español, lo que contrasta con las críticas provenientes de algunos otros gobiernos europeos.