La polémica ha estallado en el sector del alquiler de vehículos tras el anuncio de una sanción de un millón de euros impuesta a la compañía Avis. La empresa había estado cobrando a sus clientes un recargo adicional de entre 33,88 y 45 euros por gestionar las multas de tráfico, una práctica que ha sido considerada abusiva por las autoridades de consumo.
Según fuentes oficiales, el reembolso que Avis exigía a sus clientes por el denominado “gasto de gestión” no tiene base legal, ya que la empresa, como titular de los vehículos, tiene la obligación de identificar al conductor infractor cuando la administración se lo solicita. Esta normativa está claramente estipulada en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, por lo que no puede justificarse como un cargo adicional.
La controversia se originó a raíz de una denuncia realizada por EKA/ACUV, quien alertó al Ministerio de Consumo sobre esta cláusula incluida en los contratos de alquiler de Avis. Tras investigar el caso, el ministerio determinó que la empresa estaba trasladando injustamente costos que le corresponden asumir a sus usuarios.
Un antecedente preocupante
La situación de Avis se torna más grave al tener en cuenta que esta no es la primera vez que la empresa enfrenta sanciones por prácticas similares. En 2020, un Juzgado de Primera Instancia en Vitoria-Gasteiz ya había declarado abusiva la cláusula que permitía el cobro por gestión de multas. En esa ocasión, la sentencia exigía no solo la eliminación de dicha cláusula, sino también que la compañía dejara de aplicarla en contratos ya existentes.
A pesar de este aviso judicial, Avis continuó con la práctica, lo que ha sido considerado un agravante que ha contribuido a la magnitud de la sanción actual. La clasificación de la infracción como “muy grave” lleva a cuestionar la ética comercial de la compañía en un momento en que la transparencia y la responsabilidad son esenciales en el ámbito de los negocios.
Un problema extendido en el sector
El caso de Avis no es aislado. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha señalado que otras compañías de alquiler, como Record Go, Europcar, Goldcar, Hertz, OK Mobility y Budget Rent a Car, también imponen cargos similares por la gestión de sanciones, oscilando entre 12 y 50 euros. Estos cargos han generado un número alarmante de reclamaciones por parte de usuarios, que se sienten injustamente afectados por estas cláusulas.
Un caso notable en este contexto es el de Sixt, donde el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao determinó que el cobro de 39 euros por cada expediente sancionador era abusivo y ordenó su eliminación de los contratos. Esta decisión, ratificada en 2021 por la Audiencia Provincial de Bizkaia, resalta la creciente atención que se está prestando a estas prácticas en el sector del alquiler de vehículos.
El panorama evidenciado sugiere que las autoridades de consumo deben asumir un papel más activo para asegurar que los derechos de los consumidores sean respetados y para fomentar una competencia leal en el sector. Asimismo, pone de relieve la importancia de que las empresas actúen con integridad y transparencia, adaptando sus políticas a las normativas vigentes.