La Agencia Tributaria ha llevado a cabo una operación crucial contra una amplia red de defraudación de IVA en el sector de hidrocarburos. Este grupo, que operaba a nivel nacional, estaba integrado por 38 sociedades y se sospecha que acumuló un fraude superior a los 300 millones de euros en 2024. La operación, denominada «Pamplinas Stars», involucró a 160 funcionarios de Hacienda y resultó en la incautación de 42 propiedades, 82 vehículos, dos embarcaciones, numerosos activos bancarios, criptoactivos, efectivo en grandes cantidades, e incluso dos obras de arte y 64 artículos de lujo como relojes y bolsos. En total, se confiscó también 180 kilos de metales preciosos como oro y plata. Este despliegue ha sido calificado por la Agencia Tributaria como una de las dos mayores infracciones en el sector de hidrocarburos que se han desmantelado hasta el momento.
En el marco de esta operación, cinco personas han sido arrestadas tras 18 registros en 12 localidades de siete provincias. Entre los detenidos se encuentra uno de los líderes de la organización, que actualmente cumple prisión preventiva por varios delitos, incluyendo blanqueo de capitales y contrabando fiscal.
Inicio de la investigación
La alerta sobre esta red se activó a mediados de 2024, cuando la Agencia comenzó a investigar a un operador mayorista que había incrementado sus ventas de hidrocarburos a partir de finales de 2023. En esa época, el sistema tributario permitía que estas empresas presentaran declaraciones trimestrales, aunque no fue hasta enero de 2025 que se introdujeron nuevas normativas que requerían declaraciones mensuales y una mayor supervisión.
El operador en cuestión aprovechaba estas lagunas legales para presentar declaraciones de IVA que reflejaban cuotas muy inferiores a sus verdaderas ventas, y unas cuotas soportadas que eran considerablemente superiores a las reales. Mediante la creación de sociedades instrumentales, esta red lograba formalizar las facturas a los destinatarios finales, haciendo casi invisible el verdadero volumen de sus operaciones.
Esto resultó en que los ingresos por IVA que se canalizaban a Hacienda eran notablemente menores a los que realmente cobraba a sus clientes. Así, la red no solo dejaba de ingresar montos importantes a las arcas públicas, sino que además solicitaba devoluciones indebidas, lo que generaba un perjuicio extraordinario a la economía estatal.
Evolución del fraude
A mitad de 2024, la Agencia Tributaria dio de baja a la primera operadora fraudulenta. Sin embargo, la actividad delictiva continuó con otra empresa que empezó a operar en octubre del mismo año y que se estima causó un fraude de aproximadamente 123 millones de euros.
La tercera operadora apareció a mediados de diciembre de 2024 y se dedicaba a la venta de hidrocarburos en depósitos fiscales. Aunque solo estuvo activa por cinco días antes de ser clausurada, su breve existencia fue suficiente para incrementar el espectro del fraude perpetrado.
Una vez inhabilitadas estas tres operadoras, las pesquisas continuaron bajo la dirección del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción.
Finalmente, la investigación reveló la complejidad de esta red, que funcionaba mediante 38 sociedades diseñadas no solo para defraudar al fisco, sino también para mover los fondos obtenidos al extranjero, dificultando así su rastreo. Parte del dinero fraudulento se utilizaba para adquirir empresas con alta en el Registro de Extractores de Hidrocarburos (Redef), perpetuando la estafa.
Estas entidades ficticias actuaban como meros intermediarios, dificultando la trazabilidad de las operaciones e impidiendo que Hacienda pudiera exigir responsabilidades fiscales efectivas. Todo este entramado facilitó un crecimiento rápido de las ventas a precios competitivos, incrementando el impacto del fraude en un tiempo sorprendentemente corto.
