El Gobierno está a punto de aprobar una significativa modificación en su plan de recuperación, con el ambicioso objetivo de acelerar la obtención de casi 25.000 millones de euros en subvenciones europeas que aún están pendientes. Según informaciones de fuentes cercanas al Ejecutivo, este martes se someterá a votación en el Consejo de Ministros una adenda que incorpora varios cambios. El plan original, redactado de manera apresurada en 2021, establecía hitos y reformas que, a solo siete meses de vencer su plazo, resultan difíciles de alcanzar. El Gobierno ha estado en diálogo con Bruselas para ajustar el texto y conseguir su aprobación, acordando reducir la cantidad de reformas estructurales que se habían considerado vitales.
Reducción de Ambiciones Reformistas
El Fondo de Recuperación Europeo, creado hace más de cinco años para mitigar el impacto económico de la pandemia, exige a los estados miembros ejecutar reformas y alcanzar hitos de inversión para recibir los fondos. Sin embargo, ese sistema ha resultado complicado, con numerosas exigencias que dificultan su cumplimiento. En respuesta, la Comisión Europea ha modificado varias veces sus criterios para facilitar el avance del que se considera el programa financiero más ambicioso de la UE. Recientemente, países como Italia, Francia y Bélgica han actualizado sus planes en línea con estos nuevos criterios.
Una fuente involucrada directamente en las negociaciones ha calificado el proceso como «una negociación muy intensa». Según comenta, todavía están pendientes uno o dos desembolsos adicionales, y el último requerirá decidir qué porcentaje de los fondos concedidos originalmente se retendrá. Este diálogo es crucial en un contexto donde la presión por cumplir plazos es palpable.
Revisión del Plan de Recuperación
Para España, esta será la séptima y posiblemente la última revisión de su plan de recuperación. Las modificaciones buscan simplificar los requisitos para acceder a los fondos, eliminando hitos intermedios. El enfoque principal se centrará en ajustar la cantidad de reformas que eran consideradas esenciales en 2021, muchas de las cuales, debido a la fragilidad en el Parlamento, no se podrán implementar. Aunque se aprobaron reformas clave como las de pensiones y laboral, quedan otras pendientes de validación parlamentaria, lo que genera preocupación sobre los próximos desembolsos.
La última solicitud de desembolso por parte de España se llevó a cabo hace un año, y desde entonces, la parálisis en la aprobación de nuevas reformas ha complicado el acceso a más fondos. A través de extensas negociaciones con la Comisión Europea, el Gobierno intenta modificar los hitos para aliviar las exigencias y transformar reformas de ley en normativas aplicables sin necesidad de pasar por el Parlamento.
Situación Actual y Futuro de los Fondos
La presión sobre el Gobierno es alta, ya que la Comisión Europea busca evitar que esta situación se convierta en un fracaso. Con la supervisión del Tribunal de Cuentas Europeo, se demanda un cumplimiento estricto de lo acordado en 2021. En este sentido, el reconocimiento de la transferencia de fondos a entidades ejecutoras como un hito final facilitaría maximizar los montos aún pendientes, a pesar de que algunos proyectos ya han sido descartados por la imposibilidad de cumplir con las fechas límites establecidas.
España, que ha recibido hasta el momento unos 55.000 de los 79.854 millones prometidos, así como 16.000 millones en créditos, se enfrenta a la necesidad de acelerar su implementación. Aunque el país ha destacado en la utilización de estos fondos, los últimos meses han evidenciado un estancamiento debido a la incertidumbre política.
El Ministerio de Hacienda, encargado de supervisar el gasto, se ha percibido como un obstáculo por su enfoque restrictivo y su falta de flexibilidad. La necesidad de encontrar un equilibrio entre acelerar el desembolso y asegurar un control adecuado se ha convertido en un desafío crucial en esta fase del plan de recuperación.
