La directiva europea sobre salarios mínimos tomará un nuevo rumbo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha confirmado este martes gran parte de la normativa, que había sido cuestionada por Dinamarca y Suecia por considerar que interfería en sus legislaciones laborales. Sin embargo, la sentencia ha modificado algunos aspectos clave, eliminando la obligación de seguir criterios específicos a la hora de definir y actualizar los salarios mínimos en los Estados miembros, así como la prohibición de reducir estos salarios en casos de indexación automática.
Cambios en la directiva y sus efectos
Las disposiciones que han sido anuladas eran defendidas por Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España. En las negociaciones con sindicatos y empresarios para adaptar esta normativa al marco legal español, se buscaba incluir criterios relacionados con el poder adquisitivo, el coste de vida, y la evolución de la productividad laboral, entre otros.
El artículo 5 de la directiva, cuya eliminación dificulta la defensa de estos criterios por parte de Trabajo, establecía que a la hora de fijar el salario mínimo, los responsables debían considerar factores como:
- El poder adquisitivo de los salarios mínimos.
- El nivel general de salarios brutos.
- La tasa de crecimiento de los salarios brutos.
- La evolución de la productividad laboral a largo plazo.
A partir de la anulación, la ministra Díaz tendrá que reconfigurar su estrategia para abordar la negociación del salario mínimo en España, un tema central en la agenda del Gobierno.
Las implicaciones del recurso al TJUE
La directiva, oficialmente denominada «Directiva sobre Salarios Mínimos Adecuados», fue aprobada a finales de 2022 y rápidamente recurrida por Dinamarca y Suecia, quienes cuestionaron la capacidad de la UE para regular las remuneraciones laborales. Argumentaron que el artículo 153 del tratado de funcionamiento de la Unión excluye expresamente esta posibilidad.
Aprovechando las limitaciones de competencia de la UE en materia laboral, la Comisión Europea y los colegisladores acordaron un marco que se asemeja más a recomendaciones que a obligaciones concretas. Dichas recomendaciones sugieren que los salarios mínimos deberían estar en torno al 50% del salario medio de cada país.
Este enfoque no fue suficiente para convenciendo a las naciones escandinavas, que llevaron su caso al TJUE. El abogado general, Nicholas Emiliou, apoyó totalmente la demanda, concluyendo que la directiva interfiere en la exclusión relativa a las remuneraciones del tratado. Aunque la sentencia no está obligada a seguir esta argumentación, el TJUE suele adoptar decisiones coherentes con las opiniones de sus abogados generales.
El contexto del salario mínimo en Europa y España
En el panorama laboral europeo, el modelo escandinavo se caracteriza por la negociación bilateral, donde sindicatos y patronales definen las condiciones sin mucha intervención gubernamental. Aunque carecen de un salario mínimo legal, estos países disfrutan de altos estándares salariales gracias a su sólida cultura sindical.
Por otro lado, en España, el aumento del salario mínimo ha sido significativo desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia. Desde 2018, el salario mínimo ha crecido un 61%, pasando de 736 a 1,184 euros mensuales en 14 pagas. La ministra Yolanda Díaz ha promovido negociaciones anualmente, a pesar de que no existe una obligación legal de hacerlo.
El camino hacia la transposición de la directiva
El Ministerio de Trabajo ha iniciado conversaciones con empresarios y sindicatos para adaptar la normativa europea sobre el salario mínimo. Los temas en discusión son variados y ya han sido acordados en gran medida entre el Gobierno y los sindicatos, aunque la patronal se muestra reacia.
Uno de los aspectos que podría implementarse con mayor facilidad es la restricción a las empresas de compensar incrementos en el salario mínimo con complementos o pluses salariales. Sin embargo, otros aspectos requerirían cambios legales que dependen de una mayoría parlamentaria.
Si bien un pacto tripartito ha sido el ideal en negociaciones anteriores, la última vez que se logró un acuerdo entre todas las partes fue en enero de 2020, previo al estallido de la crisis de COVID-19, cuando se acordó un aumento del 5.5% hasta los 950 euros mensuales. En este contexto, el consenso entre los distintos agentes sociales sigue siendo un tema delicado y fundamental para el futuro del salario mínimo en España.
