Era un día relevante en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Este miércoles, se llevó a cabo una audiencia conjunta para analizar dos casos que plantean una cuestión fundamental para la economía global: ¿tiene el presidente de EE. UU., en este caso Donald Trump, la autoridad para imponer aranceles basándose en la Ley de Poderes Económicos de Emergencia de 1977 (conocida como IEEPA) para reducir el déficit y fomentar la producción nacional?
La otra gran incógnita era si los nueve magistrados aceptarían, nuevamente, expandir el poder presidencial sin la aprobación del Congreso.
Expectativas sobre el fallo del Tribunal Supremo
La decisión del Supremo está programada para antes de fin de año, una anticipación poco común, ya que la norma establece que los veredictos se entregan al final del curso judicial en junio. Sin embargo, la urgencia es clara: hay miles de millones de dólares en aranceles en juego. Hasta el cierre del año fiscal, se han recaudado 195.000 millones de dólares.
Durante una audiencia de más de dos horas, se vislumbraron señales de que el tribunal podría negarle a Trump el poder de imponer aranceles a más de un centenar de países, con tasas que varían entre el 10 % y el 50 % para naciones como Brasil. Estos aranceles son parte de su estrategia de guerra comercial que afecta sectores clave como el automotriz, el acero y el cobre.
Si esta fuera la resolución, significaría un fuerte revés para Trump, quien considera que este fallo podría ser “una de las decisiones más fundamentales” del Supremo. Esta nueva incertidumbre llegó justo cuando se cumplía un año de su éxito electoral, en el que los aranceles jugaron un papel central, y pocas horas después de que su partido enfrentara significativas derrotas en elecciones locales, favoreciendo a los demócratas.
Argumentos de los demandantes
Los demandantes, una juguetera de Illinois y una importadora de alcohol de Nueva York, argumentan que la IEEPA no menciona explícitamente “aranceles” ni términos relacionados como “impuestos” o “gravámenes”. Además, sostienen que la utilización de esta ley por parte de Trump infringe la “doctrina de las cuestiones principales”, que requiere que el Congreso use un lenguaje claro para autorizar decisiones económicas de gran alcance.
John Sauer, el abogado defensor de Trump, defendió que la ley concede amplios poderes al presidente en asuntos exteriores, y apeló al sentido común para validar su argumento. Sin embargo, su exposición fue interrumpida repetidamente por cuestionamientos de los jueces liberales y la impaciencia de los conservadores, quienes no parecían convencidos de su razonamiento.
Escepticismo entre los magistrados
Entre los jueces conservadores, se notó un escepticismo notable. Neil Gorsuch cuestionó si el Congreso no había delegado demasiado poder en manos de Trump, mientras que Amy Coney Barrett, quien a menudo actúa como bisagra en decisiones polémicas, puso en duda la consideración de los desequilibrios comerciales como “amenazas graves”.
La jueza Sonia Sotomayor confrontó a Sauer al subrayar que los aranceles son, de facto, impuestos, y que corresponde al Congreso su imposición, no al presidente. Además, exigió una explicación de por qué el Supremo debería respaldar a Trump cuando, durante la presidencia de Joe Biden, falló en ocasiones anteriores limitando el alcance de su autoridad.
El abogado Neal K. Katyal, representante de los demandantes, reiteró que la capacidad para imponer impuestos fue otorgada al Congreso por los «Padres Fundadores». En sus argumentos, enfatizó que la IEEPA ha sido utilizada durante cinco décadas para imponer sanciones, pero nunca para definir políticas arancelarias.
Katyal, con más de 50 argumentos ante el Supremo, se esforzó por aclarar la distinción entre aranceles —que recaudan dinero para el Estado— y embargos o sanciones —herramientas utilizadas en la política internacional—, buscando así atraer la atención de los magistrados más adheridos al enfoque originalista de la Constitución.
La resolución de este debate podría redefinir el equilibrio de poder entre el presidente y el Congreso en temas económicos, un aspecto vital para la economía estadounidense y global.
