El Gobierno ha admitido que la Ley de Industria y Autonomía Estratégica seguirá estancada en el Congreso de los Diputados. Jaime Peris, comisionado especial para la Reindustrialización bajo el Ministerio de Industria, confirmó esta situación en un evento organizado por LHH, consultora del Grupo Adecco. A pesar de que el 90% de los representantes de diversos sectores políticos, empresariales y académicos apoyan el texto, la propuesta no cuenta con la mayoría necesaria en la Cámara Baja. Esta ley, que busca modernizar un marco legislativo que lleva sin cambios durante 33 años, tiene como uno de sus puntos clave la obligación de las empresas de avisar con nueve meses de antelación sobre un ERE (Expediente de Regulación de Empleo).
Debate sobre la Ley de Industria
En el encuentro, donde se discutió El impacto de la ley de industria en los procesos de reestructuración, se mencionó el caso de Amazon, que recientemente propuso un ERE que afectaría a 1.200 empleados en sus oficinas de Madrid y Barcelona. José Antonio Hernández, representante de CC OO, advirtió que la actual legislación permite a la multinacional presentarse con condiciones “casi irrenunciables”. Si se hubieran realizado los cambios propuestos por el Gobierno, Amazon habría tenido que notificar su intención con más tiempo, una exigencia que también aplicaría a Telefónica, que esta semana anunció un ERE que afectará entre 6.000 y 7.000 trabajadores.
Prolongación del Proceso de Despido
El nuevo plazo de notificación ha sido objeto de intenso debate entre los expertos. Jesús Blanco, director de recursos humanos de Bridgestone, considera que este periodo excesivo podría generar conflictos entre empresas y administraciones. Por otro lado, Marcos Huergo, presidente de LHH, resaltó que los nueve meses generan incertidumbre y complican la planificación. Sin embargo, Hernández defendió que este lapso es «razonable» y permite abordar con rigor las implicaciones de los despidos masivos.
La ley plantearía requisitos adicionales, como la obligación de incluir comunicación si se prevé una reducción de producción superior al 65% en un centro de trabajo, si se prevé un despido de más de 500 personas o de 750 en un conjunto de empresas en el mismo territorio.
Nuevas Medidas frente a Despidos
Otra novedad de la legislación es que aquellas compañías que hayan recibido ayudas públicas superiores a tres millones de euros deberán devolverlas si deciden realizar despidos. Según Peris, esto busca evitar decisiones repentinas que afecten las expectativas industriales de las regiones.
Tras anunciar medidas de reducción, se espera que se convoque una Mesa de Reindustrialización, con el objetivo de revertir decisiones o buscar alternativas para mitigar el impacto de los despidos. Aunque la inclusión de esta mesa no es obligatoria, Hernández sostiene que debería ser un requisito esencial, mientras que Blanco aboga por incentivarla.
El director general de Empresas de Castilla-La Mancha, Santiago Baeza, también participó en las conversaciones, enfatizando la importancia de aprobar la ley y abogando por una mayor participación de las comunidades autónomas. Además, continúa negociando un ERE con la empresa Mahle, que afectará a 466 trabajadores, con la meta de redirigir la producción hacia otros productos o atraer nuevas inversiones a la región.
