Las redes sociales se asoman a un precipicio gigante en EE UU. Su modelo de negocio ha quedado señalado por un sunami de demandas provenientes de particulares, entidades educativas y fiscales generales. Acusan a las plataformas de dañar de manera consciente la salud mental de los jóvenes. Y no solo por los contenidos que asisten a difundir: el propio diseño del producto, esgrimen los litigantes, busca la adicción para apresar al usuario. Cuanto más tiempo pase la gente enganchada a la pantalla, mayores beneficios económicos merced a la publicidad. Este círculo vicioso, mantienen los litigios, tiene unos efectos horribles entre los pequeños y adolescentes, que padecen depresiones, desórdenes alimentarios o hasta tendencias suicidas.

Una chavala de dieciseis años de Utah se obsesiona tanto con la imagen de su cuerpo tras engancharse a Instagram que desarrolla anorexia y bulimia. Un pequeño de 9 años de Michigan pasa tantas noches viendo vídeos de YouTube, TikTok y Snapchat que termina subiendo una fotografía de él desnudo que se viraliza. Una joven de once años de Connecticut lidia a lo largo de un par de años con una adicción extrema a Instagram y Snapchat ya antes de caer en una espiral de insomnio y depresión que le lleva a quitarse la vida. Estos escalofriantes casos, aireados el año pasado por Bloomberg, son ciertos incluidos en los cientos y cientos de demandas particulares interpuestas contra las redes sociales en los últimos meses.

Dos cientos de ellas se han unido en un class-action lawsuit, una figura del ordenamiento jurídico estadounidense afín a las demandas colectivas. Presentado en el Distrito del Norte de California en el mes de marzo, el escrito carga contra Meta (por Facebook e Instagram), Snap (por Snapchat), ByteDance (empresa dueña de TikTok) y Google (por YouTube), a quienes acusa de estar perjudicando con seriedad la salud mental de los jóvenes estadounidenses. El proceso está ahora en fase de alegaciones. La Corte Suprema de EE UU va a deber solucionar en el mes de junio si el pleito prosigue adelante o se desecha.

Este periódico ha contactado con las 4 tecnológicas para conocer su postura en comparación con proceso. Todas han declinado hacer comentarios concretos sobre la demanda, alén de asegurar que están tomando medidas para fortalecer el control de contenidos. “Hemos desarrollado más de 30 herramientas para apoyar a los adolescentes y sus familias, incluyendo funciones que permiten a los padres decidir cuándo y durante cuánto tiempo pueden usar sus hijos Instagram”, apunta, por servirnos de un ejemplo, Antigone Davis, directiva global de Seguridad de Meta. La empresa que dirige Mark Zuckerberg acaba de llegar a un pacto extrajudicial para compensar con setecientos veinticinco millones de dólares americanos a los usuarios de Facebook cuyos datos fueron filtrados a Cambridge Analytica.

“Nuestro caso no solo se fija en el contenido de las plataformas, el asunto es más profundo que eso. Aludimos al propio diseño de las redes sociales: desde los sistemas de verificación de edad, o la ausencia de ellos, hasta distintas características de la propia plataforma que, según sostenemos, fueron diseñados específicamente para ser adictivas”, explica a Forbes Hispano por videoconferencia Joseph VanZandt, del despacho Beasley Allen. Este letrado lidera el consejo de juristas que regula la demanda colectiva, en la que trabajan otros dos bufetes y múltiples letrados a título particular.

La exempleada de Facebook Frances Haugen comparece en octubre de 2021 en un subcomité del Senado de EE UU tras la filtración de documentos de la tecnológica.
La exempleada de Facebook Frances Haugen comparece en el mes de octubre de dos mil veintiuno en un subcomité del Senado de EE UU tras la filtración de documentos de la tecnológica.Pool (Getty Images)

“Todo, desde la forma en que se muestran y disponen los vídeos y los posts, hasta el diseño y ubicación de los botones, está pensado para fomentar la adicción y hacer que los usuarios vuelvan una y otra vez a la plataforma”, mantiene VanZandt. “Además del propio diseño de las redes sociales, la demanda incide en cómo funcionan los algoritmos de las plataformas. Están pensados para darle más recorrido a contenidos que aumenten las interacciones y dedicación a la plataforma. Todo con el objetivo de aumentar los ingresos por publicidad”, resalta. “Para probar esto estamos trabajando con una amplia red de expertos que argumentan cómo funcionan estos resortes, así como el impacto que tiene en los jóvenes. Confiamos en nuestra habilidad para poder probar que nuestros clientes están siendo dañados por estos productos”.

Un sunami de demandas

El primer caso admitido por el equipo de VanZadt fue el de Brianna Murden, una joven de veintiuno años que comenzó a emplear redes sociales a los diez y que, “tras años de exposición a contenidos de varias plataformas seleccionados por los algoritmos, sometida a un torrente de notificaciones las 24 horas del día, le han causado depresión, insomnio y desórdenes alimenticios, entre otros”. Presentaron en el mes de agosto del año pasado una demanda contra Meta y otras plataformas. Pocas semanas después tenían decenas y decenas de solicitudes afines. Lo mismo pasó en otros despachos. El torrente de procesos pronto se transformó en un sunami. De ahí que decidiesen presentar una demanda colectiva.

El de California no es el único pleito abierto contra las redes sociales por este tema. En enero del actual año, las Escuelas Públicas de Seattle presentaron una demanda contra TikTok, Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat, señalándolas como responsables de arruinar la salud mental de los adolescentes. Fue la primera vez que una corporación pública se presentaba contra las redes sociales. Detrás de la corporación escolar de Seattle llegaron las de New Jersey, Florida o Pennsylvania. También han comenzado procesos afines los fiscales generales de Indiana o Arkansas, entre otros muchos. “A este ritmo, parece que las redes sociales se enfrentarán a pleitos en cada Estado del país”, afirmó Jim Steyer, presidente de Common Sense Media, una famosa ONG que valora el impacto en los pequeños de la tecnología y los medios.

El escrito de las escuelas de Seattle, que representan a más de cien centros con unos cincuenta estudiantes, arguye que los algoritmos de estas plataformas están mostrando a los jóvenes estadounidenses contenidos potencialmente perjudiciales, creando impactos sensibles lesivos. Se afirma asimismo que las víctimas de las redes sociales con “adicción severa” pueden verse perjudicadas por “problemas mentales y físicos”. La demanda mantiene que las escuelas no pueden enseñar correctamente a los pequeños por culpa de la adicción a las redes sociales y las consecuencias relacionadas.

Un grupo de alumnas de un instituto de Austin, Texas, manejan sus tabletas en clase.
Un conjunto de pupilas de un instituto de Austin, Texas, manejan sus tabletas en clase.Bob Daemmrich (Corbis via Getty Images)

“Queremos que estas compañías se responsabilicen de sus acciones y del daño que están causando. No solo a los estudiantes, sino también a las Escuelas Públicas de Seattle, que tienen que soportar la carga operacional y los crecientes costes atribuibles a esta crisis de salud mental”, asegura a este diario Greg C. Narver, responsable del departamento legal de la corporación educativa. Entre esos costos se incluye la contratación de sicólogos, formaciones concretas para el profesorado, actualización de libros de texto y restitución de propiedades dañadas por estudiantes “con problemas emocionales”.

“No podemos dar una cifra concreta de cuántos estudiantes tienen en la actualidad problemas mentales. Sin embargo, sí hemos experimentado un aumento pronunciado en peticiones de escuelas y alumnos de servicios relacionados con la salud mental”, agrega Narver.

El elefante en la habitación de las redes sociales

Diversos estudios dan fe del agravamiento de la salud mental de los jóvenes estadounidenses. Un reciente informe de la agencia nacional de salud pública del país certifica que “la salud mental de los estudiantes continúa empeorando”, con muchos “sintiéndose tan mal o desesperados que no pueden llevar a cabo con normalidad sus actividades cotidianas”. La demanda colectiva y las interpuestas por las instituciones educativas citan decenas y decenas de artículos científicos que acreditan la relación entre el uso intensivo de redes sociales y determinados inconvenientes mentales, desde ansiedad, depresión, insomnio, desórdenes alimentarios o ciberbullying hasta autolesiones y suicidio. Un tribunal de Reino Unido resolvió el año pasado por vez primera que las redes sociales estuvieron tras que una joven se quitara la vida. El estado de Utah, regido por el republicano Spencer Cox, ha decidido limitar el uso de las redes sociales entre los menores, que precisarán el permiso de sus progenitores para emplearlas y no las van a tener activas desde las veintidos y treinta de la noche hasta las seiscientos treinta de la mañana.

“Esperamos que nuestro caso se justifique, no en poca medida, por los documentos de los propios demandados y por el testimonio de empleados y exempleados de las plataformas”, reconoce Narver en referencia a los papeles de Haugen. “Ella fue el detonante. Sus revelaciones nos ayudaron a comprender lo grande que es en realidad el problema. Muchas familias entendieron entonces qué le pasaba a sus hijos”, resalta VanZandt.

Para el letrado estadounidense, la avalancha de demandas contra las redes sociales se semeja a los litigios que padecieron las tabaqueras en los años noventa. “La analogía es adecuada por sus similitudes procesales, pero también porque los documentos revelados por Haugen sugieren que los ejecutivos de Facebook conocían hasta qué punto podían ser dañinos sus productos.

Un proceso complejo

¿Prosperarán las demandas presentadas contras las grandes plataformas? “No sé si tiene recorrido jurídico, lo que sí sé es que es una llamada de atención. Hasta ahora, el diseño de las redes sociales estaba dejada enteramente en manos de empresas privadas. Ahora vemos que pueden tener consecuencias sobre la salud mental y, por tanto, hay que corregir el rumbo”, opina Sergio Juan-Creix, letrado especialista en derecho digital y maestro de la UOC.

Una de las claves del caso va a ser ver si la Corte Suprema estima que las plataformas pueden acogerse a la sección doscientos treinta de la Communications Decency Act de mil novecientos noventa y seis, que exonera a las tecnológicas, salvo contadas salvedades, de la responsabilidad de los contenidos publicados en ellas por terceros. “La parte demandante tendrá que probar que hay un vínculo entre las características de la plataforma, las actividades que permiten y el daño en la salud mental de los jóvenes. No creo que sea fácil de demostrar”, considera Rodrigo Cetina, maestro de Derecho de la Barcelona School of Management, la escuela de negocios de la Universitat Pompeu Fabra.

Hasta la data, los tribunales han parado múltiples procesos contra las redes sociales cuando estas se aferraban a la citada sección doscientos treinta. Hay un caso que debe resolverse para junio o julio, Gonzalez V. Google, que probará la interpretación de este artículo por la parte de la Corte Suprema. El litigio fue interpuesto por la familia de una estadounidense fallecida en el atentado de Bataclán, en París. Los demandantes aducen que la exposición a YouTube radicalizó a los terroristas, repercutiendo en último término en el atentado que llevó a la muerte a la joven.

“La sentencia del caso Gonzalez V. Google será importante en nuestro proceso, pero no definitivo, porque nosotros vamos más allá de los contenidos: defendemos que, como las máquinas tragaperras, las redes sociales están diseñadas para ser adictivas. Y que eso comporta una serie de perjuicios de los que sus creadores son conscientes”, señala VanZandt.