El Parlamento Europeo ha dado su aprobación en masa al reglamento de inteligencia artificial, que está a la espera de la ratificación formal de los Estados para convertirse en la primera ley mundial que busca regular esta tecnología. Con 523 votos a favor, 46 en contra y 49 abstenciones, los eurodiputados respaldaron esta normativa que pretende proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos sin obstaculizar la innovación.

Thierry Breton, comisario de Mercado Interior y defensor clave de la ley, celebró el respaldo contundente de los eurodiputados a un marco legal que sitúa a Europa como un «regulador global de una IA fiable». La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, destacó que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida diaria y ahora también será parte de la legislación europea.

Una vez que la normativa obtenga la aprobación de los Estados, se espera que entre en vigor en 2026, con una implementación gradual a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea. Entre los primeros pasos se encuentra el establecimiento de la Oficina de IA, encargada de supervisar el cumplimiento de las reglas y promover una IA en la que se pueda confiar y que respete los valores europeos.

El reglamento establece diferentes requisitos y obligaciones para las aplicaciones de IA según el riesgo que representan. Desde sistemas de riesgo limitado, que pueden utilizarse sin restricciones, hasta aquellos de alto riesgo que requerirán una supervisión permanente. Se prohíben totalmente los sistemas considerados de riesgo inaceptable, como aquellos que manipulan emociones o inferencias discriminatorias.

Además, la ley contempla plazos para la implementación de diferentes medidas, incluyendo la prohibición de sistemas de IA no permitidos y la aplicación de códigos de buenas prácticas. A pesar de las críticas sobre la protección de los derechos de autor, se espera que la Oficina de IA se encargue de garantizar su cumplimiento.

La aprobación de esta ley de inteligencia artificial representa un paso importante en la regulación de tecnologías disruptivas, junto con otras normativas como la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, que buscan garantizar un uso responsable y ético de las nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos y las empresas.