El presidente de la (*2*)ón Nacional de Pymes (CONPYMES), José María Torres, ha llevado este jueves la reivindicación de que las
pequeñas y medianas empresas españolas sean incluidas en el diálogo social hasta las instituciones europeas.
En una conferencia dada en el Parlamento Europeo, el presidente de la organización, que representa a más de un par de millones de pequeñas y medianas empresas y autónomos, y
reúne a organizaciones tan representativas como las sectoriales COAG y FENADISMER, la de autónomos UATAE, la catalana PIMEC, la valenciana Unión
Gremial, la abalear PIMEB, la castellanoleonesa CES, entre otras muchas (se pueden preguntar todos y cada uno de los asociados acá), ha anunciado una reclamación al
Defensor del Pueblo Europeo ante la carencia de contestación del Gobierno de España a su demanda de ser incluidos en el diálogo social.
En este sentido, José María Torres ha recordado que CONPYMES, en el mes de abril de dos mil veintiuno, presentó una demanda judicial sobre su inclusión en el diálogo social,
en la actualidad pendiente de sentencia en el (*8*) Superior de Justicia de Madrid.
También ha recurrido, en el mes de febrero de dos mil veintitres (con un recurso contencioso administrativo frente al (*8*) Supremo), su exclusión del reparto de subvenciones
de fondos europeos de 30.625.000 euros que efectúa el Gobierno de España y de la que sí se han favorecido CEOE y CEPYME, al lado del sindicato
UGT, demanda. «Entendemos que esta asignación de esenciales cantidades de dinero debería llegar en condiciones de igualdad a todas las compañías
españolas», ha afirmado.
Durante su intervención en el acto, Torres ha explicado que «en la propuesta de recomendación del Consejo de la Comisión Europea sobre el refuerzo del
diálogo social en la Unión Europea de veinticinco de enero de dos mil veintitres se habla de que la promoción del mismo es un fin común de la UE y sus Estados miembros,
y se reconoce que es un motor clave para la resiliencia económica y social, la competitividad, la equidad y el desarrollo sustentable».
«Además, se solicita a los Estados que el diálogo social sea objetivo y transparente y que garantice que, cuando las autoridades eficientes apliquen
procedimientos de reconocimiento y representatividad con el fin de determinar las organizaciones a las que se concederá el derecho de negociación
colectiva, esta determinación sea abierta y transparente, basada en criterios preestablecidos y objetivos respecto al carácter representativo de
las organizaciones», ha añadido.
En este sentido, el presidente de CONPYMES ha remarcado que «esto es principal, puesto que si charlamos del diálogo social como pilar esencial de la
democracia, no podemos dejar que sea un coto privado de unos pocos en el que no se deja la entrada a otros interlocutores sociales, que
representan a las pequeñas y medianas empresas con voz propia e independiente y que en ciertos casos es una consecuencia directa de la voluntad de las elites económicas,
monopolios y oligopolios, de imponer sus criterios al resto».
«En Europa, las grandes empresas están representadas por BusinessEurope, y las pequeñas y medianas empresas por SMEunited, en cambio, en España y en algún otro país de la UE,
las pequeñas y medianas empresas no estamos representadas de forma independiente», ha lamentado.
Asimismo, José María Torres ha señalado que «si en España en el diálogo social, que está monopolizado por las grandes empresas, no se deja, de
instante, que las pequeñas y medianas empresas que representamos el noventa y nueve,8% de tejido empresarial y produjimos el setenta y cinco% del empleo, podamos participar con voz propia e
independiente, provoca consecuencias deplorables».
«Esto tiene una incidencia fundamental en que tengamos poca participación en la adquisición pública o que se bloquee de manera sistemática un régimen
sancionador contra la morosidad», ha advertido.
Por otro lado, Torres ha denunciado que «en España hay una gran anomalía en los mecanismos de concertación, puesto que una sola organización, CEOE, en el
seno del dialogo social con el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, representa en exclusiva los intereses de todos y cada uno de los empresarios
españoles, tanto grandes como pequeños, a pesar de que en la mayor parte de las ocasiones sus propuestas solamente defienden los intereses de la enorme
empresa».
«Este monopolio con respecto a la representatividad, que se genera cuando se instituye la democracia en España en los años setenta, hace que las pequeñas y medianas empresas y
autónomos no estemos incluidos en la representación institucional, la concertación y el dialogo social», ha sentenciado agregando que «esto no es
inmejorable para ningún mercado de trabajo y debería resolverse inmediatamente».
Finalmente, el presidente de CONPYMES ha manifestado que «aunque es verdad que en CEOE hay una organización ‘satélite’ llamada CEPYME, a
la que se considera organización de pequeñas y medianas empresas más representativa, es otra anomalía más, puesto que nunca a una organización empresarial se la puede estimar
más representativa cuando pertenece a otra que ya lo es».
«Además, a CEPYME, en cuarenta y cinco años de democracia, no se le conoce ningún posicionamiento diferente a los de CEOE, en verdad, comparten sede institucional y
recursos organizativos, por lo que en la práctica carece de independencia orgánica, y esta sobrerrepresentación de la importante empresa va contra las
políticas de la Small Business Act para Europa (SBA), marco político de actuación en materia de pequeña y mediana empresa por la parte de la Comisión
Europea y sus diez principios de actuación, que nos marcan el camino a continuar con su leimotiv, ‘pensar primero en pequeño'», ha concluido.
