Los accionistas de Ferrovial: “Voto lo que diga el presidente”

Son las once, y en la entrada del auditorio ONCE, ubicado a quince minutos del corazón financiero de Madrid, hay una calma pendiente una hora y media ya antes de festejarse la junta de accionistas de Ferrovial, la más esencial y polémica de su historia. Un hombre de unos setenta años, con su carpetita amarilla bajo el brazo, sale del edificio a paso sosegado. Ha llegado para votar que no al traslado de Ferrovial a Países Bajos, y tiene tan claro el resultado que no va a aguardar hasta el comienzo de la junta. Cuando los pocos cronistas que están en los aledaños le preguntan por qué se opone, responde: “Porque los ingresos de la empresa han venido del Estado”. El retirado se va en dirección opuesta al del resto de los accionistas que van llegando en un goteo incesante de taxis. Será una de las pocas voces contra la mudanza.

La expectación cerca de la junta es indigna de una asamblea societaria, que acostumbra a ser monótona. A los pies de la escalinata de acceso al edificio, acicaladas con una alfombra que no es roja, sino más bien del amarillo corporativo de la compañía, se amontonan los dos grandes colectivos que han acudido a la cita: los accionistas y los cronistas. En su alegato, Rafael del Pino, el presidente de la compañía e hijo del creador no ha podido eludir referirse a la atención que ha atraído la votación del cambio de sede de una compañía tan simbólica con esa a Ámsterdam es (*8*).

Los asistentes que adelantan su resolución en la entrada reflejan lo que ocurrirá una hora más tarde: los accionistas están básicamente en favor del cambio. Aquellos que anuncian que van a apoyar la resolución responden con solidez, y exponen sus razones de forma categórica: “Lo que diga el presidente”, asevera uno de ellos en referencia a Rafael del Pino. Otro accionista, que llega asimismo con tiempo, reafirma su fidelidad al presidente e hijo del creador, tras haber trabajado cuarenta y nueve años en la compañía.

Algunos apuntan de forma directa al Gobierno, que desde el anuncio del traslado se lanzó en tromba contra el traslado: “Todo lo que diga el Gobierno, pues lo contrario”, apunta un pequeño inversor que entra con paso decidido en el circuito. Otro considera critica las maniobras del Ejecutivo y asevera que no solo votará que sí, sino no se va mismo de España por el hecho de que está mayor.

Derecho de separación

José Ramón, un hombre de unos setenta años que llega al lado de su mujer y prefiere no dar su apellido, es uno de esos pocos titubeantes. “No lo tengo claro”, asevera, y apunta de forma directa a la carencia de información para justificar esta irresolución. Teme qué puede ser de las trescientos cincuenta acciones de Ferrovial que tiene desde hace “muchos años”. De hacerse el traslado, ―si no vota en contra y se acoge a su derecho de separación― sus acciones van a ser de una compañía diferente, la nueva matriz del conjunto en Holanda.

Aunque la mayor parte de las dudas mostradas por los inversores ha ido por los caminos económicos, para Jesús Neila Fernandez, la carencia de información del traslado tiene más que ver con una cuestión lingüística: frente a la mirada perdida de los miembros del consejo, este accionista ha aprovechado su intervención para consultar si, tras la mudanza, va a poder continuar comunicándose en castellano. Del Pino le ha confirmado que va a tener un teléfono gratis para los accionistas, con el que va a poder tratar en español. La junta eso sí, va a ser en inglés desde el traslado, con la opción de traducción simultánea.

El paso decidido y veloz de los que tienen claro su voto a favor contrasta con el merodear de los pocos titubeantes y de los aún menos contrarios. Todos tienen un punto en común: que no tienen claras las consecuencias de la fusión. En un último intento para frenar la operación, el Ejecutivo se ha centrado en indicar la carencia de información que la compañía ha puesto a predisposición de sus accionistas, sobre todo en las consecuencias fiscales que podría tener no probar motivación económica en la mudanza o en la posibilidad de cotizar simultáneamente en España y en Estados Unidos.

Falta de información

La compañía arguye que el traslado se justifica para cotizar en Wall Street desde la Bolsa de Ámsterdam, el Ejecutivo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y BME, el supervisor y el gestor de la Bolsa de España, han insistido en que no hay obstáculos a que esta se genere, si bien reconocen que es terreno inexplorado. Del Pino ha aprovechado su alegato, que ha concluido con un largo aplauso de los asistentes, para insistir en que Ferrovial (*2*).

Entre los presentes y los que se han conectado vía telemática, ha acudido a la junta el setenta y siete% del capital: seiscientos veinticuatro accionistas titulares de ciento veintinueve millones de euros (dieciseis con cuarenta y siete% del capital) y 2.072 representados, que amontonan un sesenta y uno,2% de las acciones. Uno de los representantes es Kristjan Verbic, presidente de la asociación eslovena de inversores PanSlovenian y miembro de la Federación europea de inversores. A Verbic, cuenta entretenido tras retratar con su móvil a los medios que se amontonan en la entrada, le sorprende el revuelo que se ha formado en torno al cambio de sede, y defiende —como lo va a hacer después en junta— la libertad de la compañía para trasladarse. Como representante, asevera en inglés, “buscará lo mejor para los accionistas”.

Ya en el salón de actos, al que no han tenido acceso los cronistas, y bajo un tono neutro e constante, el secretario de la junta, Santiago Ortiz, ha expuesto uno a uno todos y cada uno de los puntos del día. Ni siquiera al llegar al aguardado décimo, el del traslado, se ha inmutado: ha mantenido el tono a lo largo de los dos minutos que ha tardado en explicar la operación. Solo se ha tolerado, como un jugador de póker que gana una mano, una ligera sonrisa cuando Rafael del Pino ha confirmado la votación la aprobación sobre las catorce.

Aprobado el punto del día, las únicas esperanzas de los oponentes pasan por ver si se cumple la condición suspensiva: que la compañía no se deje más de quinientos millones de euros en adquirirle las acciones a los disidentes que han ejercido su derecho de separación. José Ramón, el titubeante, sale como entró: se ha abstenido. “Veremos qué pasa”, concluye ya antes de cruzar cara la parada de autobús donde se queda aguardando al lado de otros pequeños accionistas. En la otra acera, la del auditorio, una multitud formada en una gran parte por hombres trajeados va subiendo al, otra vez, goteo incesante de taxis.

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