Islas Caimán, Mauricio, Bermudas, Liechtenstein, Panamá, Suiza, Andorra, China… Camargo Correa, la que fuera la tercera constructora de Brasil —8.782 de euros de ingreso neto en 2014— tejió una alambicada red financiera con tentáculos en 8 países para encauzar el pago de comisiones ilegales a directivos de la petrolera estatal del país de Sudamérica, Petrobras. El banco que presuntamente cooperó en diseñar el enrevesado engranaje financiero de ocultación fue la Banca Privada d’Andorra (BPA), una pequeña entidad a más de ocho mil quilómetros de distancia de la sede de la compañía brasileira.
Así lo confirman documentos a los que ha tenido acceso Forbes Hispano y que brotan nuevos detalles sobre el funcionamiento de este esquema corrupto, sus tretas de ocultación y la confusión de testaferros, sociedades falsas y cuentas cifradas para desplazar el dinero sucio.
Un juez de Andorra, un país blindado hasta dos mil diecisiete por el secreto bancario, ha procesado por blanqueo de capitales a 8 exdirectivos de la BPA, entre aquéllos que figura uno de sus viejos máximos accionistas, Higini Cierco; al exdirectivo de la constructora Fernando Días; a la compañía con la que opera la firma desde dos mil dieciocho, Mover; y a 3 filiales de este conglomerado brasileiro al que la Justicia del país pirenaico estudia desde dos mil diecisiete. Camargo Correa movió en el convocado banco cien millones entre dos mil ocho y dos mil once.
El club del Tenis
Para comprender esta historia de maletines hay que remontarse a julio de dos mil quince. Un tribunal federal de Curitiba (Brasil) sentencia que Camargo Correa integró entre mil novecientos noventa y ocho y dos mil catorce un cártel corrupto con otros 4 gigantes sudamericanos de la construcción para repartirse las adjudicaciones públicas de Petrobras, una mole que el año pasado apuntó un beneficio récord de 33.023 millones.
Bautizado como G-cinco o Club del tenis, los miembros de este conjunto secreto, a los que pertenecieron asimismo las firmas Odebrecht, Oas, Andrade Gutíerrez y Queiroz Galvao, desembolsaron sobornos de un tres% a ejecutivos de la energética estatal. Y ahí es donde entra en juego el hermético mecanismo financiero, las “reglas de juego club”, para ocultar el flujo de capitales. Reglas que tenían siempre y en toda circunstancia un factor común: firma de contratos simulados con sociedades pantalla, emisión de facturas falsas y utilización de cuentas corrientes de terceros y cifradas.
Solo mediante una de sus piezas, la compañía instrumental Sw shoutern investment de Islas Caimán, Camargo Correa movió veinte con seis millones entre dos mil siete y dos mil diez. Y derivó una parte de estos fondos mediante Suiza al bolsillo de José Sergio de Oliveira Machado, exdiputado brasileiro y presidente hasta dos mil catorce de Transpetro, filial de la petrolera.
Otra clave del engranaje fue la sociedad panameña Desarrollo Lanzarote, que encauzó tres,4 millones que terminaron asimismo en una sociedad pantalla a nombre de una cuenta del HSBC en el país helvético controlada por Sergio Firmeza Machado, hijo del convocado expresidente de Petrobras. “[Sergio Firmeza] actuó como hombre de paja de su padre para recibir sobornos”, concluyen las pesquisas.
El mecanismo asimismo recurrió a los llamados doleiros, cambistas ilegales que colectan fondos en efectivo de comercios y empresas brasileiras y que habrían sido utilizados para borrar el indicio de los sobornos. Por medio de su constelación de cuentas opacas en la BPA, Camargo Correa compensó fondos –un sistema de blanqueo- a estos cambistas. Por su estructura invisible circularon cuarenta y ocho millones.
BPA Serveis, filial de la corporación financiera andorrana dirigida por Cristina Lozano, formó asimismo una parte del mecanismo corrupto, conforme el juez. La sociedad movió treinta y dos millones de origen delictivo. Y cobró a Camargo Correa una comisión trescientos dólares estadounidenses en dos mil ocho “por participar en esta actividad delictiva como sociedad pantalla interpuesta poniendo su propia cuenta bancaria corporativa al servicio de Camargo Correa como cuenta puente”, conforme el juez, que apunta de forma directa al corazón de esta entidad que fue intervenida en el tercer mes del año de dos mil quince por un supuesto delito de fondos de conjuntos delincuentes.
Y es que su exaccionista mayoritario, Higini Cierco, figuró como representante en una cuenta, a nombre de Intervención General (la propia BPA), al lado del exdirector general Joan Miquel Prats, que movió una parte de los fondos de la constructora brasileira en el país pirenaico, aparentemente para esconder el origen del dinero. El depósito llegó a registrar uno con seis millones. “No llevaron a cabo ninguna medida de diligencia debida, ni simplificada ni reforzada ni de ningún tipo”, carga el juez, que acusa al banco y a sus directivos de crear contratos falsos para justificar las trasferencias.
Las pesquisas mantienen además de esto que la bóveda de la BPA conocía desde marzo de dos mil nueve que los directivos de Camargo Correa habían sido detenidos por asociación ilegal, blanqueo y financiación ilegal de partidos y no lo comunicaron a las autoridades del país pirenaico. “Cooperaron con la defensa de Camargo Correa”, carga el juez.
Camargo Correa asegura que “no hay una demanda contra la empresa” en Andorra y estima que la investigación de este país afecta a un exdirectivo que se desligó de la compañía “hace casi una década”. “Todos los activos de la Constructora Camargo Correa están debidamente registrados en sus libros de contabilidad”, zanja la firma mediante un portavoz.
Junto al exdirectivo de la constructora procesado en Andorra, Fernando Dias, el foco de la investigación en el país pirenaico asimismo apuntó en un inicio al viejo al exejecutivo de la firma Pietro Francesco Giavina, ya fallecido. Los dos fueron detenidos en dos mil nueve en el marco del caso Castillo de Arena, que estudió una red de sobornos y financiación de campañas a cambio de adjudicaciones en Perú y Brasil. El Tribunal Supremo de este último país archivó la causa en dos mil once tras cancelar los pinchazos telefónicos que basaban las acusaciones.
Con su modus operando, Camargo Correa –un conglomerado que llegó a tener presencia en veintidos países con ramificaciones en la industria energética, los puertos y aeropuertos, la firma habría emulado a la asimismo brasileira Odebrecht. El gigante que conmocionó los cimientos de Latinoamérica tras confesar que destinó seiscientos ochenta y dos millones a la adquisición de voluntades de funcionarios, presidentes y primeros ministros de doce países de América.
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El exdueño del banco: “Estamos siendo víctimas de una causa general”
Higini Cierco, exaccionista mayoritario de la Banca Privada d’Andorrra (BPA), critica que un juez de este país le haya procesado por blanqueo por cooperar presuntamente en el diseño del entramado financiero al que recurrió la constructora brasileira Camargo Correa para abonar comisiones a cambio de adjudicaciones públicas. “Estamos siendo víctimas de una práctica de inquisitio generalis, de una causa general a modo de fishing expedition [búsqueda no específica de información incriminatoria], que pretende embarrar la reputación de la BPA, un banco que fue ilegalmente intervenido y cuya intervención afectó a cientos de familias”.
Cierco estima que el caso Camargo Correa fue resuelto “hace casi diez años” por la Justicia brasileira y por el pacto que las autoridades de este país alcanzaron con la constructora y estima que está precripto.
El exaccionista mayoritario niega irregularidades, como que el banco crease contratos falsos para sus clientes del servicio para justificar las trasferencias. “Ni lo hemos promovido ni lo hemos tolerado”. Y defiende el papel de los exejecutivos de la entidad. “Los directivos y propietarios de BPA actuaron con exquisito respeto por las normas. Mientras se realice con sujeción a la ley, está entre las funciones de un banco facilitar a sus clientes la creación de estructuras mercantiles para el desarrollo de sus negocios”, zanja.
Pese a la contundencia del auto de procesamiento, Cierco señala que la BPA siempre y en toda circunstancia cumplió las demandas para prevenir el blanqueo y enmarca la intervención de la corporación financiera en el tercer mes del año de dos mil quince en “motivos políticos, originados en España y ajenos por completo a la BPA”.
