Con la inseguridad de quién liderará el Ministerio de Industria tras la conformación el nuevo Gobierno, la enorme industria de España integrada en la Alianza por la Competitividad ha pedido este viernes al nuevo ejecutivo de Pedro Sánchez una serie de medidas para impulsar el campo secundario y frenar su pérdida de peso económico, que cada vez se distancia más del objetivo del veinte% del PIB fijado por la Comisión Europea. El foro de discusión empresarial demanda esencialmente 3 cuestiones: el reconocimiento del titular de la materia como secretario de Estado (ahora es secretario general) para poder participar en la preparación de los consejos de ministros, formar la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Industrial y crear una Agencia Estatal con capacidad operativa para trabajar coordinadamente con las distintas comunidades autónomas. “La política industrial española necesita una nueva gobernanza que permita la completa coordinación del Gobierno”, concluye el organismo.
Las propuestas del foro de discusión, integrado por 9 de las primordiales patronales españolas que representan el cincuenta y cinco% del PIB, brotan de un diagnóstico más bien negativo. Denuncian una situación que lastra a su actividad por unos “desproporcionados costes energéticos, una intensa y cambiante sobrerregulación plagada de solapamientos y lentos procedimientos burocráticos, la ausencia de neutralidad tecnológica, una elevada presión fiscal y una nueva realidad geopolítica que amenaza, no solo la cadena de suministro y la autonomía estratégica, sino también el acceso a mercados exteriores”.
El foro de discusión estima que en los últimos tiempos la política industrial no ha sido considerada con la relevancia conveniente, mostrada con que no la política industrial no se ejecute desde un responsable con rango de secretario de Estado, justo cuando la política industrial ha aflorado en el mapa europeo a causa de la crisis de la pandemia. “Es un termómetro evidente —pero solo la punta del iceberg— del nivel de prioridad que los gobiernos otorgan al desarrollo competitivo de su tejido productivo”, apunta la organización, que considera “insuficiente” la capacidad de coordinación e repercusión de la presente segregaría general. En los últimos años, por servirnos de un ejemplo, muchos empresarios han considerado que la política industrial de España siempre y en todo momento quedaba bajo otros campos gubernativos, como el de la transición energética.
Constitución de una Comisión Delegada
Cree la Alianza por la Competitividad, cuya portavocía rotativa recae ahora sobre la patronal química Feique, en la necesidad de formar una Comisión Delegada del Gobierno para la Política industrial, que justamente serviría para regular diferentes estamentos gubernativos implicados aproximadamente con la política industrial. Hacen referencia, por servirnos de un ejemplo, a políticas energéticas y medioambientales, a infraestructuras o la disponibilidad de materias primas, entre otros muchos campos. Esa comisión debería diseñar, además de esto, la autonomía estratégica de España.
Para la ejecución de esa política que pueda manar de la comisión demandan la constitución de una agencia estatal, el brazo ejecutor de las políticas. Para realizar ese trabajo, esta debería tener recursos económicos y humanos y la suficiente capacidad operativa para administrar inventivos a la inversión, impulsar una ventana única que reduzca la pesadez administrativa y regular a las diecisiete comunidades autónomas. El solapamiento legislativo y administrativo es una de las barreras que la Alianza ha ido denunciando en los últimos tiempos.
La última solicitud que efectúan se fundamenta en el Foro de Alto Nivel de la Industria Española, punto de encuentro en el campo entre el Gobierno, patronales y sindicatos. El organismo solicita una evolución para transformarlo en un Consejo Asesor de Política Industrial, asimismo con más poder ejecutivo en el momento de diseñar estrategias.
