La deuda pública y el dedo que apunta a la luna | Negocios

El toque de atención de la Comisión Europea con relación a la situación de las cuentas públicas de los países miembros nos retrotrae al periodo precedente a la pandemia. Pero esa impresión de déjà vu es en parte ilusoria, por las disrupciones que se han producido estos últimos tiempos en el ambiente económico y financiero en que se enmarca la política fiscal. Un cambio que Bruselas debería añadir.

La necesidad de compensar los ingresos con los gastos corrientes —al menos a lo largo del ciclo, esto es descontando el vaivén de la coyuntura— prosigue siendo válida. Somos, así como Francia, el único país de la UE que no ha conseguido quitar el déficit primario (fuera de intereses) en ningún año desde el principio de etapa de restauración siguiente a la crisis financiera. Además, Bruselas plantea flexibilizar los objetivos, a fin de que cada país defina su ruta de ajuste. De modo que cuando se reactiven las reglas fiscales, de entrada desde el próximo ejercicio, el mix de medidas —reforma tributaria, recorte del gasto poco eficaz— estaría por entero en nuestras manos.

El impulso expansivo procederá de los fondos europeos, que van a poder desplegarse hasta dos mil veintiseis, sin computar en el gasto a efectos de las reglas fiscales. La adenda al programa Next Generation, aunque se trata de préstamos, debería contabilizarse de modo afín. Por tanto, es viable emprender una ruta de corrección de los desvíos sin efectos traumáticos en la economía ni en la sociedad, esto es sin parquedad. La Comisión estima que una reducción del déficit primario en un punto porcentual, hasta el ambiente del -cero con cinco% del PIB, la mitad que ya antes de la pandemia, facilitaría una suave desescalada de la deuda pública.

Pero ese escenario no cuenta con el cambio radical que se ha producido en el contexto monetario y macroeconómico. Antes del brote inflacionario, los modelos de interés se ubicaban en terreno enteramente negativo. Fruto de esa política monetaria acomodadiza, bastaba con que la economía se expandiese, aun modestamente, a fin de que los sacrificios de contención del orificio fiscal redundasen en un menor endeudamiento público. En efecto la variable clave para la activa de la deuda es el diferencial entre el género de interés (determinante de los costos financieros) y la tasa de desarrollo de la economía (de la que depende la evolución de los ingresos públicos y del gasto). Antes de la pandemia ese diferencial era negativo, esto es el género de interés era inferior al desarrollo, facilitando la desescalada.

Sin embargo, las previsiones apuntan a tipos más elevados a lo largo de un tiempo prolongado, hasta el momento en que los costos se hayan encaminado. Por otra parte, el desarrollo económico puede verse constreñido por las disrupciones que se han producido en los últimos tiempos, como las tensiones geopolíticas, el debilitamiento del sistema multilateral, o los costos cada días un poco más perceptibles del cambio climático y del envejecimiento poblacional.

En suma, no es descartable que aparezca un diferencial desfavorable entre el género de interés y el desarrollo económico. Esta circunstancia cambiaría drásticamente el escenario fiscal. Bajo la hipótesis, parcialmente prudente, de un diferencial nulo (géneros de interés que igualan el desarrollo), las ventajas asociados a la contención del déficit se echarían a perder, de forma que el peso de la deuda se sostendría en niveles elevados. Y si esas medidas de contención no se pusiesen en marcha, el endeudamiento emprendería una escalada implacable. Bruselas reconoce el elevado peligro para la sostenibilidad derivado de un diferencial desfavorable de géneros de interés con relación al desarrollo de la economía.

Con todo, cada país debe hacer sus deberes. Pero no se trata de un mero ejercicio de contabilidad. Los sacrificios de corrección de los desequilibrios solo van a ser triunfantes si se enmarcan en una estrategia europea de inversión, reformas e incentivos, susceptible de facilitar las distintas transiciones y así robustecer el desarrollo sustentable de la economía.