MARISCAL (EFE)
En un paso significativo hacia la mejora de la economía del país, el Gobierno español ha dado a conocer la creación del Consejo de Productividad, un organismo clave que tiene como objetivo promover iniciativas destinadas a impulsar la productividad y la competitividad en España a largo plazo. Este consejo se erige como un recordatorio para dirigentes y ciudadanos sobre la importancia de trascender el cortoplacismo y enfocarse en el desarrollo sostenible.
El Consejo de Productividad, basado en recomendaciones europeas y ya establecido en varios países de la eurozona, tendrá la responsabilidad de analizar la evolución de la productividad y la competencia en el país. Uno de los puntos más destacados es su mandato para investigar y comprender el impacto de la inteligencia artificial, señalando la importancia de maximizar sus beneficios y reducir posibles efectos negativos en la sociedad.
Para impulsar el crecimiento económico, el decreto establece la necesidad de mejorar la formación, la innovación, las inversiones, la tecnología, la organización empresarial y otros aspectos clave que influyen en la productividad. En este sentido, el análisis de los factores que afectan a los precios y la calidad de los bienes y servicios también será fundamental para optimizar los recursos disponibles.
La independencia y transparencia del Consejo de Productividad quedan garantizadas en su estructura, con presidencia y vocalías designadas por diferentes entidades gubernamentales y con la participación activa de expertos en economía. Este organismo, que operará de manera autónoma en la elaboración de su plan de trabajo, tendrá un papel crucial en la emisión de informes y recomendaciones para mejorar la productividad y la competitividad en España.
Además, el Consejo de la Productividad se propone abordar desafíos importantes como los bajos niveles de inversión, las brechas en habilidades laborales y las diferencias de productividad entre empresas y regiones. Su labor será fundamental para impulsar reformas que favorezcan el desarrollo económico sostenible y promover la convergencia real de España con el resto de la eurozona.
