31 de agosto de dos mil veintiseis. Esa es la data en la que, conforme la legislación europea, se debería haber finalizado la ejecución de los fondos europeos. Son los llamados Next Generation que aprobó la UE por la pandemia y de los que España se llevó sesenta y nueve millones en ayudas y a los que se agregarán otros siete mil setecientos. El plazo en el que hay que finalizar todas y cada una de las inversiones financiadas con estos recursos es muy exigente por el hecho de que en un inicio se pensó como un plan de estímulo que había que desplegar con velocidad para combatir las consecuencias de la covid. Pero la economía está ya recuperada. Y hace falta tiempo para desarrollar bien estos proyectos. Así que el Gobierno busca vías para facilitar el cumplimiento y que la ejecución pueda ir alén del límite legal de dos mil veintiseis.
Se trata de redirigir los recursos de unas partidas a otras, reescribir los objetivos haciéndolos más accesibles, y aprovechar los créditos para llevar las inversiones pasada esa data. Se empleará la adenda al plan, que se va a presentar de forma inminente, para convenir con la Comisión Europea una adaptación de las metas a la nueva realidad. En ningún caso se reduce la ambición, resaltan fuentes gubernativos. Y recuerdan que todos y cada uno de los países experimentan contrariedades. Destacan el caso de Italia, donde se ha retenido el pago de diecinueve millones por no cumplir con sus compromisos y medran las voces que consideran que no van a ser capaces de aprovechar todos y cada uno de los fondos.
El Programa de Estabilidad que el Ejecutivo de España ha mandado a Bruselas deja de manera vaga abierta la posibilidad de que se puedan gastar los fondos alén de agosto de dos mil veintiseis. En este documento se asevera que el calendario de los sesenta y nueve millones puede verse perjudicado “si la planificación se trasladara más allá de 2026″.
En la práctica, hasta cierto punto, eso ya está ocurriendo. El Gobierno está diseñando programas financiados con fondos y créditos europeos cuya ejecución va más allá del límite de 2026. Una muestra: los 4.000 millones de créditos ICO para la rehabilitación y construcción de vivienda en alquiler asequible tienen plazos que llegan mucho más lejos, hasta 12 años después de 2026. Y esto es así porque los 84.000 millones en créditos de la adenda, aunque se tienen que conceder antes de 2026, pueden emplearse durante mucho más tiempo y ayudarán a dar un mayor recorrido a algunas inversiones.
Pero también sucede, verbigracia, con otros planes, como los llamados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte): el del vehículo eléctrico permite su finalización hasta el 2028. Y el del chip alcanza el 2027.
Aun así, los artículos 18 y 20 del reglamento europeo de los fondos dejan claro que el límite máximo de finalización será 2026. El 20 dice que el plazo “no debería ser posterior al 31 de agosto de 2026, fecha en la que deberán haberse alcanzado los hitos y objetivos finales tanto de los proyectos de inversión como de las reformas”.
Sin embargo, los inconvenientes para ejecutar a tiempo son enormes. Desarrollar una inversión puede tardar años. Los trámites son abundantes y la ley de contratos públicos es muy restrictiva para eludir la corrupción, lo que prolonga los plazos. Altos cargos y fuentes empresariales aceptan las contrariedades para cumplir con los objetivos de inversión fijados para el verano de dos mil veintiseis. Recuerdan que el ciclo de una inversión frecuente en infraestructuras acostumbra a ir alén de los 3 años. Y no solo para España, sino más bien para todos y cada uno de los países.
Redefinir la ejecución
Pese a estas circunstancias, la Comisión Europea niega que se puedan prorrogar los plazos. Alega los artículos dieciocho y veinte. Cambiar esta legislación se descarta por completo por el hecho de que sería una labor gigante e implicaría conseguir la unanimidad de los países. Sin embargo, distintas fuentes gubernativos y de la Administración explican que los servicios jurídicos del Ejecutivo comunitario están examinando de qué forma flexibilizar la interpretación del reglamento a fin de que el gasto de los fondos pueda ir alén de dos mil veintiseis. Se trata de una labor difícil, ya que el espacio para la interpretación es limitado, explican. Pero una posibilidad que apuntan es que se amplíe el término de ejecutado. Para ello podría servir con que el Estado haya librado los fondos y el receptor de estos firme que se compromete a gastarlos. De esta forma sí que se podría llegar a agosto de dos mil veintiseis con los recursos entregados, mas dando algo más de margen a fin de que se completen los proyectos. Esta opción es bastante difícil que prospere, mas está encima de la mesa, resaltan fuentes conocedoras.
La otra vía a la que se aferra el Gobierno es el cambio de los objetivos de inversión que se hará con la adenda para incluir los siete mil setecientos millones en ayudas auxiliares y los ochenta y cuatro millones en préstamos. La idea consiste en rebajar las cantidades prometidas, prolongar plazos intermedios y reescribir los objetivos de manera que sea más simple conseguir los compromisos adquiridos. Bruselas deja convenir cambios toda vez que obedezcan a situaciones no contempladas. El Ejecutivo de España ha argumentado las subidas de costos, los cuellos de botella y la carencia de trabajadores para aducir que precisa alterar los objetivos. Y la Comisión abraza bastante la mano por el hecho de que precisa que el plan que concibió tenga éxito.
En sitio de establecer en los objetivos que las inversiones han de estar completadas, estos se deberían redefinir para facilitar el cumplimiento. Podría servir con la puesta en marcha, apuntan ciertas fuentes. Y citan ejemplos: la meta de ciento sesenta residencias rehabilitadas para este año meridianamente se ha de reelaborar por el hecho de que no se puede cumplir. También el de electrolineras debido a los inconvenientes para conseguir permisos. Se va a rebajar la meta de un millón de pequeñas y medianas empresas y autónomos digitalizados: al tener inconvenientes con los autónomos, la meta se va a redirigir para incluir a empresas de cincuenta a doscientos cuarenta y nueve trabajadores con una ayuda superior a veinte.000 euros. Un ejemplo de de qué forma se reescribe un objetivo: para lograr formar a dos con seis millones de ciudadanos en capacidades digitales se va a reducir la demanda de doscientos cincuenta horas por curso a siete con cinco horas. De esta forma, con siete con cinco horas ya se estimaría que hay un ciudadano formado.
También se van a retrasar las metas medias de las zonas de bajas emisiones, que entienden los carriles bicicleta, los buses eléctricos, la peatonalización y los controles de acceso a los centros urbanos para eludir automóviles contaminantes. Se da por imposible que se puedan lograr en dos mil veintitres las veintidos plazas del nuevo modelo de cuidados de larga duración entre residencial, no residencial y centros de día. Y se antoja complicado conseguir que por lo menos el noventa% de las personas acogidas a la dependencia se favorezcan de teleasistencia en sus domicilios.
Otra posibilidad es cumplir con un mínimo de proyectos acordado con la Comisión y poder ir alén del dos mil veintiseis con el resto: un caso son los metros rehabilitados de edificios públicos: desde el principio se ha puesto como objetivo menos de lo que se pretende hacer y así se juega con un margen de descalabro. Otro caso así es el del Perte del vehículo eléctrico: se procurará que un número de programas pactado con Bruselas esté listo para dos mil veintiseis y que el resto de inversiones pueda proseguirse más allí como solicitan las compañías. E inclusive se van a llenar con los créditos.
Cabe la opción de reprogramar inversiones a fin de que se costeen con otros fondos comunitarios, como los de cohesión, y financiar en su sitio otros gastos con el Next Generation. El reglamento deja un tanto de margen para ello e Italia ya juega con esto.
El Gobierno había presupuestado a razón de más de veinte.000 millones por año entre dos mil veintiuno y dos mil veintitres. Sin embargo, conforme datos de la Comisión, en dos mil veintiuno se han pagado dos mil cuatrocientos millones y en dos mil veintidos, cinco mil doscientos millones, una señal del retraso. El Ejecutivo que salga de las elecciones se favorecerá de esta flexibilización.
