Una de las innovaciones destacadas en el texto aprobado es la inclusión en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) de objetivos cuantificables y vinculantes, con la meta de alcanzar la neutralidad climática en el transporte para el año 2050. Esta regulación también prevé una revisión del sistema de etiquetado ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), lo que permitirá incluir las emisiones de CO2 de los vehículos. Esto facilitará que las administraciones públicas realicen un control más eficaz de las emisiones del tráfico y puedan identificar los vehículos más contaminantes, promoviendo así un cambio hacia opciones más sostenibles en el parque móvil.
Otro aspecto relevante es la implementación de planes de movilidad laboral. En virtud de esta normativa, las grandes empresas deberán establecer estos planes en un período máximo de 24 meses. Aunque T&E considera positivo el descenso en el umbral de empleados, que pasa de 500 a 200, también subraya que esta medida no es suficiente, dado que en España existen más de 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas que podrían no verse beneficiadas.
Además, la organización celebra la intención de la ley de simplificar los trámites para la instalación de infraestructuras de recarga y asegura una señalización adecuada, así como la información sobre precios. Por último, T&E ve con buenos ojos que el Gobierno tenga la obligación de aprobar, en un plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta normativa, un plan de incentivos para la compra de vehículos de cero o bajas emisiones, que se completará con la retirada voluntaria de los modelos más antiguos.
