La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene una cita clave este miércoles con los consejeros autonómicos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Este encuentro marca la primera vez que se reunirán desde que se presentó la polémica reforma del sistema de financiación autonómica. La propuesta, revelada el viernes pasado, surgió tras el anuncio del líder de ERC, Oriol Junqueras, quien confirmó que se había alcanzado un acuerdo de 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña. Este enfoque ha despertado recelos en el resto de las comunidades, tanto por sus contenidos como por los métodos utilizados.
## Malestar en varias comunidades
No solo las once comunidades gobernadas por el Partido Popular han expresado su descontento; también algunas del PSOE, como Castilla-La Mancha y Asturias, han mostrado reservas. El consejero castellanomanchego, Juan Alfonso Molina, califica la propuesta como un “acuerdo bilateral” entre el Estado y los independentistas, considerándola un “chantaje” que favorece a algunos territorios en detrimento de otros. Por su parte, el consejero asturiano, Guillermo Peláez, ha dejado claro que la reforma no debería ser resultado de un “contrato de adhesión” ni de uso exclusivo de negociaciones bilaterales, añadiendo que la aplicación de la ordinalidad es una «línea roja».
## Detalles de la reforma
La propuesta, que ha sido el resultado de un año y medio de negociaciones entre ERC y el PSOE, tiene como objetivo incrementar los recursos disponibles en el sistema en casi 21.000 millones. Una parte significativa de esta cifra proviene de una ampliación en el porcentaje de cesión del IRPF y el IVA a las autonomías. Al aumentar del 50% al 55% y del 56,5% respectivamente, se busca también reducir la brecha en la financiación por habitante ajustado y otorgar mayor autonomía fiscal a los territorios, aunque con ciertas limitaciones, garantizando la ordinalidad para Cataluña.
Este principio establece que las comunidades que más contribuyen al sistema son también las que más reciben. De este modo, Cataluña se posicionará como la tercera comunidad en términos tanto de aportación como de recepción de recursos. Esta condición fue imprescindible para que ERC aprobara la reforma, pero ha sido un motivo de discordia con el resto de territorios.
## Reacciones diversas en las comunidades
Desde algunas comunidades críticas, como las del PP, se menciona que “los territorios no son los que pagan impuestos, son los ciudadanos”. El consejero de Hacienda de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, califica el nuevo modelo como “profundamente injusto”. Por otro lado, Baleares ha expresado que desea recibir un trato similar a Cataluña, alertando que la propuesta parece beneficiar exclusivamente a la región catalana.
Aunque hay voces que celebran la propuesta, como la Comunidad Valenciana, que espera recibir más recursos por habitante, también existe incertidumbre sobre si se establecerá un fondo transitorio para compensar a los territorios menos financiados. Mientras tanto, Andalucía, que espera un aumento significativo en su financiación, se presenta a la reunión con la expectativa de que se aclaren los puntos en cuestión.
## Cataluña defiende su posición
Cataluña llega al CPFF consciente de que será el centro de atención. La consejera portavoz, Silvia Paneque, afirmó que su objetivo es que el debate se base en “razón y cifras”. Según el Govern, el nuevo modelo no solo beneficia a Cataluña, sino a todas las comunidades. Paneque expresó su desconcierto ante las críticas, señalando que las nuevas cifras podrían fortalecer los servicios públicos de las regiones que se oponen a ello.
Además, el consejero de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, ha defendido que el modelo fomenta la “solidaridad” entre comunidades. Según los acuerdos pactados, Cataluña podrá acceder a 4.700 millones de euros adicionales, preservando su posición en el ranking de riqueza y aspirando a que la ordinalidad se incorpore en la ley, asegurando así que no dependa de cambios políticos.
Sin embargo, en Cataluña no todos están conformes. Foment, la principal patronal de la región, considera que el acuerdo es insuficiente. El Govern trata de convencer a Junts para que apoye el acuerdo, reconociendo que su respaldo es crucial para avanzar en el Congreso. Paneque subraya que rechazar esta oportunidad podría tener consecuencias negativas, recordando que en el pasado, adoptar una postura de “todo o nada” suele terminar con “nada”.
