En poquitas semanas, la Comisión Europea ha pisado el acelerador en materia de controles de los contenidos generados por inteligencia artificial (IA). Hasta tal punto, que comienza a haber un tanto de confusión sobre quién plantea qué y en qué formato y para cuándo: que si un código de conducta voluntario global, que si un pacto anterior a la legislación en vías de aprobación —la Ley IA en la actualidad en negociaciones en la Eurocámara— o, este lunes, un compromiso de las plataformas digitales para identificar meridianamente, y de “inmediato”, los contenidos generados por IA para combatir la desinformación. Pese al ruido, una cosa queda clara: en Bruselas preocupa, y mucho, el potencial “lado oscuro” de estas nuevas tecnologías, sobre todo la IA generativa como es el ChatGTP, y le falta tiempo para procurar ponerle coto.

“Las nuevas tecnologías de IA (generativa) pueden ser una fuerza del bien y ofrecer nuevas posibilidades para incrementar la eficiencia y la expresión creativa. Pero también tienen un lado oscuro: suponen nuevos riesgos y un potencial de consecuencias negativas para la sociedad en materia de creación y diseminación de desinformación”, ha explicado la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.

Por ello, ha anunciado, desea que la IA generativa cuente con una vía “separada y dedicada” en el código voluntario de buenas prácticas para combatir la desinformación reforzado hace un año, mas que no preveía aún la fuerza de la IA generativa, y del que ya son signatarias cuarenta y cuatro empresas, entre ellas Facebook, YouTube, Google o TikTok, si bien una de las más potentes, Twitter, termina de abandonarlo.

Por un lado, Jourová plantea que aquellos signatarios del código contra la desinformación que integren en sus servicios IA generativa, como es el caso, ha dicho, de Bing Chat de Microsoft o Bard de Google, creen las “salvaguardias necesarias” para impedir que “actores malignos” puedan emplear sus sistemas “para generar desinformación”.

Además, las compañías firmantes van a deber crear una tecnología que “reconozca” esta clase de contenidos en su sistema y que “indiquen claramente a los usuarios” que han sido creados no por una persona, sino más bien por una máquina, poniendo una suerte de etiqueta advirtiendo a este respecto de los contenidos creados por IA. “Nuestra principal tarea es proteger la libertad de expresión, pero no veo por qué las máquinas deberían tener libertad de expresión”, ha indicado la comisaria checa.

La legislación europea relativa a las nuevas tecnologías avanza a pasos de gigante: el veinticinco de agosto va a entrar en vigor la La Directiva de Servicios Digitales (DSA por sus iniciales en inglés), que establece obligaciones de trasparencia y acceso sobre los algoritmos de las grandes plataformas digitales (las que tienen más de cuarenta y cinco millones de usuarios, el diez% del mercado potencial europeo). Esta normativa plantea entre otros muchos la retirada veloz de contenidos ilegales, la protección de derechos esenciales (limitaciones al uso de datos de raza o religión) o multas que, en el caso de los gigantes tecnológicos, pueden llegar hasta el seis% de sus ingresos globales.

La DSA prevé ya el recurso a una suerte de etiquetado, para “garantizar que un elemento de información, ya se trate de imagen, audio o vídeo generado o manipulado que se asemeja notablemente a personas, objetos, lugares u otras entidades o sucesos existentes y que puede inducir erróneamente a una persona a pensar que son auténticos o verídicos, se distinga mediante indicaciones destacadas cuando se presente en sus interfaces en línea”.

También la futura Ley de IA prevé demandas más altas de trasparencia para los modelos de IA generativa, que van a deber dejar en claro que sus contenidos han sido generados por IA.

Pero a fin de que la DSA entre en vigor absolutamente faltan aún prácticamente 3 meses y, en el caso de la Ley de IA (AI Act), aun años: el Parlamento Europeo debe aprobar su situación en el plenario de la semana próxima y solo entonces empezarán las negociaciones para cerrar, con los Estados miembros, un texto común que Bruselas no cree pueda entrar completamente en vigor ya antes de dos mil veintiseis. Todo ello, cuando la tecnología avanza sin parar.

Por ello, Jourová ha propuesto este lunes que la etiqueta para los contenidos generados por IA sea puesta en marcha “de inmediato” entre los signatarios del código contra la desinformación, en una forma de adelantar lo que ya va a ser obligatorio desde finales de agosto.

“La etiqueta es una herramienta más rápida, queremos que las plataformas etiqueten la producción de IA de una manera tal que un usuario normal, que anda distraído con muchas cosas, vea claramente que no es un texto o imagen creada por gente real, sino que es un robot el que habla”, ha explicado. “Es importante que haya velocidad, con un etiquetado inmediato, y claridad”, ha insistido.

Muestra del fuerte ritmo que Bruselas desea imponer es el hecho de que el primordial responsable de la IA Act, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, impulsa por su lado el llamado IA Pact, o Pacto IA, un “compromiso voluntario” de las compañías a cumplir de forma adelantada el máximo posible de reglas previstas en la Ley de IA.

El “error” de Twitter

Dos semanas una vez que Twitter anunciase su retirada del código de buenas prácticas de la UE contra la desinformación en la red, que contiene unas cuarenta recomendaciones para una mejor colaboración con los servicios de verificación de información y eludir así la difusión de informaciones falsas, la comisaria Jourová ha calificado la resolución de “error” que podría tener graves consecuencias para el gigante on line de Elon Musk, ha conminado de forma velada.

“Creemos que es un error de Twitter, ha elegido la vía dura, la confrontación”, ha lamentado la encargada de Transparencia. Aunque ha reconocido que el código es voluntario, ha indicado inmediatamente que salirse de él tiene sus consecuencias por el hecho de que, con el tiempo, “quien quiera operar y hacer dinero en el mercado europeo, tendrá que ajustarse” a las leyes europeas.

“Que nadie se confunda: al abandonar el código, Twitter ha atraído mucha atención y sus acciones y cumplimiento con la legislación de la UE será objeto de escrutinio riguroso”, ha advertido.

Adrian Cano

Santander (España), 1985. Después de obtener su licenciatura en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, decidió enfocarse en el cine y se matriculó en un programa de posgrado en crítica cinematográfica. Sin, embargo, su pasión por las criptomonedas le llevó a dedicarse al mundo de las finanzas. Le encanta ver películas en su tiempo libre y es un gran admirador del cine clásico. En cuanto a sus gustos personales,  es un gran fanático del fútbol y es seguidor del Real Madrid. Además, ha sido voluntario en varias organizaciones benéficas que trabajan con niños.