Este año, las comunidades autónomas se preparan para un regreso significativo a los mercados de financiación. Se estima que, de los casi 30.000 millones de euros que necesitarán en 2026, alrededor de 16.000 millones provendrán de inversores privados. Esta proyección, proporcionada por la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI), marca un hito, ya que muchas autonomías han estado dependiendo del apoyo del Tesoro desde los años más críticos de la Gran Recesión. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha comenzado a implementar restricciones para estos préstamos a bajo interés.
La Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos (CDGAE) ha decidido limitar el acceso al Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) desde 2026. Este fondo ha sido vital para financiar los vencimientos de deuda y el déficit, alcanzando a comunidades como Aragón, Cataluña y la Comunidad Valenciana, entre otras. El objetivo es que las comunidades comiencen a diversificar su financiación, combinando recursos estatales y privados.
Un Ocaso que Acelera Nuevas Estrategias
El actual panorama político presenta retos, dado que el Gobierno minoritario no ha conseguido los apoyos necesarios para aprobar nuevos presupuestos. Esta situación complica aún más la urgente reforma del sistema de financiación autonómica. A pesar de este contexto, la economía muestra signos de crecimiento vigoroso, lo que ha llevado a un aumento considerable en los ingresos públicos y, por ende, a una mejora en las condiciones de acceso a financiación, en comparación con la época más dura de la crisis.
Durante la crisis del euro en 2012, el FLA actuó como un salvavidas para aquellas comunidades que enfrentaban dificultades económicas. Con el tiempo, el Estado ha asumido gran parte de la deuda autonómica, con un 60% de esta en su poder. Sin embargo, la situación no es uniforme; mientras que Cataluña se destaca como la comunidad más endeudada, otras, como Madrid y Navarra, no dependen ya del Tesoro.
Ahora, el Gobierno busca equilibrar esta dependencia, dado que los mecanismos de liquidez están diseñados para situaciones extraordinarias y, con la mejora de la solvencia de las administraciones, se ha llegado a la conclusión de que necesitan ser revisados.
Nuevas Limitaciones y Oportunidades
Desde 2026, el acceso general al FLA se restringirá. Las comunidades deberán recurrir al Fondo de Facilidad Financiera (FFA), que permite la combinación de financiamiento estatal y privado, siempre que cumplan con ciertos requisitos contables. Este cambio introduce una nueva etapa para las comunidades que cerraron el ejercicio de 2024 en equilibrio o con una deuda inferior al 19.5% de su PIB.
Cataluña, con las mayores necesidades de financiación (8.246 millones de euros), buscará captar 800 millones de euros de inversores privados, marcando un retorno a los mercados después de 14 años. La Comunidad Valenciana y Murcia seguirán un camino similar, mientras que Andalucía y Madrid también explorarán estas alternativas.
César Cantalapiedra, socio director de Finanzas Públicas en AFI, señala que la diferencia entre los tipos de interés exigidos por el mercado y los ofrecidos por el Tesoro se ha estrechado, lo que crea un panorama más atractivo para las comunidades dispuestas a explorar nuevas vías de financiación.
A medida que las comunidades autónomas navegan estas aguas, se abre un capítulo decisivo en su evolución financiera. La transición hacia una mayor independencia en la financiación no solo promete diversificación, sino que también representa una oportunidad histórica para mejorar su disciplina fiscal y estabilidad económica en el futuro.
